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JOSÉ EDUARDO CALVARIO PARRA
Programa Investigadores MARÍA DEL CARMEN ARELLANO GÁLVEZ
El Colegio
de Sonora JUAN MANUEL
El Colegio de la Frontera Norte LOURDES CAMARENA-OJINAGA
Universidad Autónoma Recibido traducción José Eduardo Calvario Parra
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Condiciones de vida y COVID-19 en comunidades agrícolas: personas
jornaleras de Sonora y Baja California, México[1] Resumen: El objetivo es analizar las condicionantes sociales y de
cuidado ante el COVID-19 en zonas agrícolas de Baja California y Sonora,
México. La investigación, realizada de junio de 2020 a julio de 2021, fue de
corte cualitativo por medio de 34 entrevistas semiestructuradas a personas
que laboraron en campos agrícolas durante los primeros meses de la pandemia.
El acceso a los sistemas locales de salud formal fue insuficiente en algunos
momentos, pero también hubo resistencia a utilizarlos, y prefirieron poner en
práctica saberes de medicina tradicional. Las precarias condiciones de las
viviendas, el hacinamiento y las dificultades de acceso a los servicios
públicos, como agua entubada, obstaculizaron las prácticas de prevención que
se implementaron. Las condiciones de vulnerabilidad social contribuyeron para
que en estas comunidades agrícolas se siguiera trabajando para sobrevivir,
mientras que las precarias condiciones de vida imposibilitaron el cuidado
cotidiano centrado en el distanciamiento social. Palabras
clave:
Comunidad rural; salud;
pandemia; medicina tradicional.
Living conditions and COVID-19 in
agricultural communities: farm laborers in Sonora and Baja California, Mexico Abstract: The objective is to analyze the social and care
conditions before COVID-19 in agricultural communities of Baja California and
Sonora, Mexico. The research carried out from June 2020 to July 2021 was
qualitative, for which 34 semi-structured interviews were conducted with
people who were working in agricultural fields during the first months of the
pandemic. Access to local formal health systems was inefficient, in addition
to an evident resistance to using them, so traditional medicine practices were
implemented. The precarious conditions of the houses, the overcrowding and
the difficulties of access to public services, such as piped water, hampered
the prevention practices that were implemented. The conditions of social
vulnerability contributed so that in these agricultural communities they
continued working to survive, while the precarious living conditions made
daily care focused on social distancing impossible. Keywords: Rural community; health, pandemics; traditional
medicine.
Cómo citar Calvario, J.; Arellano, M.; Rodríguez, J. y Camarena-Ojinaga, L. (2023). Condiciones de vida y COVID-19 en comunidades agrícolas: personas jornaleras de Sonora y Baja California, México. Culturales, 11, e740. https://doi.org/10.22234/recu.20231101.e740 |
Introducción
El objetivo principal
es analizar las condicionantes sociales y el cuidado ante el COVID-19 en zonas
agrícolas con población jornalera de B.C. y Sonora durante los primeros seis
meses de la pandemia. Se parte de la idea de que existe una condición de
vulnerabilidad social que se refleja en los deficientes servicios tanto de
salud como públicos, como es el caso del acceso irregular al agua potable y
drenaje, o las viviendas con poco espacio para la sana distancia y que en
conjunto dificultan las medidas básicas del cuidado a la salud. En dichas zonas
agrícolas se encuentran las comunidades de San Quintín (B.C.), Estación
Pesqueira (Sonora) y Poblado Miguel Alemán (Sonora), y en ellas residen,
principalmente, jornaleros/as migrantes y asentados/as.
Los
procesos de globalización y el neoliberalismo han favorecido la precariedad
laboral (Scully-Russ y Boyle,
2018) y si bien las
agroindustrias han aportado crecimiento económico en zonas de B.C. y Sonora,
desde décadas atrás se han documentado las condiciones de vulnerabilidad social
que enfrentan poblaciones que se insertan en la agricultura intensiva como
jornaleras/os en el norte de México, dígase sistemas locales de salud frágiles,
infraestructura pública ineficiente y espacios comunitarios deteriorados (Pérez, 2014; Velasco et al.,
2018). Según la Comisión
Nacional de Salario Mínimo (CONASAMI), en México, 9 de cada 10 personas
jornaleras agrícolas no tienen acceso a la salud y tampoco prestaciones en las
empresas agrícolas (Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, 2020). Así, ante crisis sanitarias, los impactos
y afectaciones comunitarias recrudecen su condición de vulnerabilidad.
La
propagación mundial del virus SARS-CoV-2 a partir de 2020 impactó distintos
espacios urbanos y rurales que se vieron rebasados ante una infraestructura y
servicios de salud insuficientes. En comunidades que tienen como principal
fuente de empleo la agricultura, los primeros meses de contagio se
experimentaron con incertidumbre (González et al.,
2020; López et al.,
2021). Según un estudio, en
Estados Unidos, en un año (marzo de 2020 a marzo de 2021), la tasa de
incidencia de contagio, por esta enfermedad, fue elevada en algunas comunidades
con más trabajadores agrícolas (Lusk y Chandra, 2021).
La
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) reportó que, de los 3
millones 417 trabajadoras/as que se dedican a la agricultura y ganadería en
México, en el 2020 solo 415 053 tenían oportunidad de utilizar los servicios de
salud (Flores, 2021). Para el caso de las/os trabajadores
eventuales del campo afiliados al IMSS, estos representan solamente el 9.9%, es
decir, 296 896 afiliados/as (Flores, 2021). Estas condiciones previas en las
comunidades agrícolas de México se recrudecieron durante la pandemia,
trastocando las dinámicas laborales y las relacionadas con la reproducción
social como la alimentación, movilidad, crianza y educación formal y, por lo
tanto, exacerbaron las históricas condiciones de vulnerabilidad (Ávila, 2020; Calvario et al.,
2021; Delgado y Tinajero,
2022).
En
dicho sentido, en este trabajo se abordan los casos de zonas agrícolas de
Sonora y Baja California (B.C.), ubicadas en el noroeste del país, cuyo común
denominador es la precariedad laboral dentro de la cadena global de agricultura
de exportación. Sobre esto, Lara (2015) y Moraes et al. (2012) argumentan que las circunstancias que
precarizan el trabajo están relacionadas con la migración y la condición de los
contratos laborales, a lo que se suman los frágiles sistemas locales de salud.
En
este artículo, con el fin de análisis, se retoma el concepto de vulnerabilidad
social que resalta las dimensiones socio-estructurales, como producto de la
desigualdad social reflejada en la ausencia de autodeterminación y
disponibilidad de protección social (Sánchez y Egea, 2011). Esta se manifiesta en distintas formas y
modalidades: es integral, ya que impacta a la vida de las personas y suele ser
acumulativa, generando un espiral de condiciones adversas. La vulnerabilidad es
un estado de desventaja, ya que toda persona en dicha condición queda en riesgo
de sufrir discriminación y violación de sus derechos (Lara, 2015). En este sentido, la vulnerabilidad es
contextual, al estar condicionada por “las características y las circunstancias
de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos de
una amenaza [...]” (UNISDR, 2019).
Los
condicionantes de la salud, de manera general, hacen referencia a aquellos
factores sociales que producen desigualdad en distintos grupos, como el acceso
a servicios de salud, los distintos ejes de diferenciación social: como la
pertenencia étnica, la condición de migración, de empleo, entre otras condiciones
de vida. En particular, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció
los determinantes sociales de la salud, que consisten en un cúmulo de
“circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen,
incluido el sistema de salud” (OMS, 2005). En particular, los determinantes sociales
de salud vinculan los factores sociales como el ingreso económico, la
educación, el acceso a servicios básicos, entre otros (Santos, 2011).
En
este sentido, el lugar social de un individuo influye en su condición de salud,
lo cual puede representar una distribución desigual de recursos, bienes y
servicios entre diferentes grupos sociales (OMS, 2011). Es posible que al
pertenecer a un grupo étnico haya limitaciones de ascenso social, acceso a la
educación, vivienda, entre otros beneficios sociales como el derecho a los
servicios de salud (Santos, 2011). Gutiérrez, J. et al. (2019) señalan
que México se ha caracterizado por la inequidad social de la salud, que se ve
reflejada en las desfavorables condiciones de salud de la población en
situación de pobreza, y que es más evidente entre la población indígena. Si
bien desde organismos oficiales se utiliza el concepto de determinantes
sociales en salud, se parte de que este enfoque requiere un acercamiento
crítico respecto a las condicionantes que reproducen las inequidades en salud
(Alemán, 2020).
Consideramos
que las condicionantes sociales del cuidado a la salud se entretejen con la
vulnerabilidad social, en especial ante el COVID-19, e implican varios factores
de carácter social, culturales y políticos que fomentan prácticas de prevención
y atención entre la población jornalera. Para este caso es importante analizar
la relación entre los sistemas locales de salud frente a la pandemia, con las
condiciones de vivienda, servicios públicos y los espacios comunitarios en las
localidades que pueden posibilitar o dificultar las prácticas de prevención y cuidado.
En otro lugar, se profundiza y analiza el impacto de la pandemia en la dinámica
laboral de algunos campos agrícolas del estado de Sonora, México (Calvario y Arellano,
2022).
Comunidades agrícolas y el COVID-19
Esta investigación se
realizó en San Quintín, Baja California, y en Estación Pesqueira y el Poblado
Miguel Alemán, Sonora, polos agroindustriales que forman parte de la ruta
noroeste, a la cual se insertan migrantes internos para emplearse en el trabajo
agrícola intensivo y extensivo (Velasco et al., 2014). En estas como en
otras zonas agrícolas, el trabajo en el campo no se interrumpió durante la
pandemia, de ahí el interés de desarrollar esta investigación, además de que el
equipo de trabajo ya había desarrollado proyectos previos en estos enclaves
agrícolas, por lo que resultaba factible realizar labor de campo con las
medidas sanitarias requeridas para el cuidado de la población.
San
Quintín, que se localiza en la parte media de B.C. y la costa del océano
Pacífico, cuenta con una población de 27, 258 personas; de ellas, 13, 746, son
hombres, y 13, 512, mujeres, que residen en 8 028 viviendas. Según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta región se conforma por las
localidades de Lázaro Cárdenas, San Quintín y Colonia Nueva Era, donde el 34%
se dedica a actividades agropecuarias (2020). En los últimos 15 años el
desarrollo productivo ha sido por el cultivo y exportación de tomate y
hortalizas. Cuentan con tecnología que optimiza el riego; además de fuerza de
trabajo jornalera proveniente principalmente de Oaxaca, Chiapas y Puebla (Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Baja California, s/f). En San Quintín se registró que el 2% de
las viviendas tiene piso de tierra, que el 99% contaba con energía eléctrica,
mismo porcentaje para el servicio de agua dentro de la vivienda, y el 90%
disponía de drenaje. De acuerdo con datos empíricos, únicamente una o dos veces
por semana se tenía acceso al agua potable.
Respecto
a los datos sobre el COVID-19, en San Quintín se registraron 471 casos, de
enero a noviembre de 2020; para abril de 2021 la cifra se elevó a 1, 870 y 88
defunciones (Gobierno del Estado
de Baja California, 2020; Gobierno del Estado de
Baja California, 2021). Sonora se situó en el doceavo sitio a
nivel nacional, con 63 muertes asociadas al COVID-19 en la población que se
considera indígena; seguido por el estado de B.C. con 59 (Dirección de
Información Epidemiológica, 2021). En Sonora se trabajó en el Poblado Miguel
Alemán (PMA) y Estación Pesqueira (EP). El primero tiene 39, 474 habitantes, de
los cuales 19, 169 son mujeres y 20, 305 hombres, y ocupan 9 756 viviendas.
Por
su parte, Estación Pesqueira (EP) tiene 9, 442 habitantes, 4, 521 son mujeres y
4, 921 hombres, y habitan en 2, 346 viviendas (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2020). Las comunidades mencionadas se encuentran
en zonas agrícolas de los municipios de Hermosillo y San Miguel de Horcasitas,
Sonora, respectivamente. Estas han tenido un crecimiento económico gracias a la
producción de la hortofrutícola, sin embargo, experimentan la paradoja de
generar riqueza en cuanto al valor del producto, pero la población vive rezagos
sociales que impactan en su modo de vivir.
Según
el Censo de Población y Vivienda del INEGI, en PMA, el 13% de las viviendas
tienen piso de tierra, 97% con energía eléctrica, 98% con agua entubada, y 86%
con drenaje dentro de su vivienda. Por su parte, en EP, el 10% de las viviendas
contaban con piso de tierra, 96% con energía eléctrica, 99% con agua entubada y
93% con drenaje dentro de su vivienda. En PMA y EP, los casos reportados de
abril de 2020 al 15 de enero de 2021 fueron 232 (Dirección General de
Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, 2020; Dirección General de
Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, 2021).
Metodología
El enfoque
metodológico fue cualitativo y se seleccionaron como técnicas de investigación
las entrevistas semiestructuradas y observación en campo, lo cual permitió
documentar testimonios y registrar observaciones directas para analizar los
procesos de cuidado y las condiciones sociales ante el COVID-19. El alcance de
esta investigación fue exploratorio, pues no existían antecedentes y se buscó
conocer los impactos de un fenómeno nuevo.
El
diseño del estudio fue flexible y se trabajó con conceptos sensibilizadores,
que permiten derivar categorías de la propia realidad (Freidin y Najmias,
2011; Taylor y Bogdan, 1996). Estos conceptos funcionan como espejo de
los procesos de atención y cuidado a la salud. De esta manera, se registraron
prácticas y discursos sociales en tres localidades del noroeste mexicano: dos
localidades agrícolas cercanas a Hermosillo, Sonora, y una más en San Quintín,
B.C., ambas en México.
Se
realizaron 34 entrevistas semiestructuradas (individuales y colectivas),
siguiendo ambos casos, las medidas de prevención. Se trata de un diálogo que se
establece, previo rapport, con la
persona, bajo un acuerdo de mutua confianza y respeto (Taylor y Bogdan,
1996). Para ello se
construyó una guía de entrevista semiestructurada, flexible, con temas
preestablecidos y a partir de estos se formularon preguntas abiertas. Los ejes
temáticos de las guías de entrevistas semiestructuradas y de observación fueron
los siguientes:
i. Información
sociodemográfica: edad, estado civil, número de hijos, escolaridad,
derechohabiente y acceso a seguridad social.
ii. Condiciones
materiales y circunstancia de las personas jornaleras: acceso a los servicios
tanto de salud como de vivienda y el entorno comunitario.
iii. Prácticas de
cuidado ante la pandemia.
iv. Entorno doméstico:
condiciones que permiten el cuidado ante el COVID-19.
En
este artículo retomamos parte de los resultados empíricos para analizar los
condicionantes sociales y el cuidado ante el COVID-19. Las entrevistas se
realizaron de manera presencial y de forma mayoritaria; y paralelamente, en
menor medida, se llevaron a cabo vía telefónica y/o alguna plataforma virtual
como Zoom o Google Meet, dada
la situación pandémica y el respectivo confinamiento; la flexibilidad de los
diseños cualitativos permite realizar adaptaciones según se vayan presentando
diferentes contextos y situaciones. Los investigadores que colaboraron en este
estudio también son docentes, por lo que tenían conocimiento en el uso de
plataformas y tecnologías de la educación a distancia. Archibald et al.
(2019) señalan que las plataformas de videoconferencias, como Zoom, pueden
resultar innovadoras para obtener información tanto en la investigación
cualitativa como en los diseños mixtos; sin embargo, uno de los retos a vencer
en los contextos rurales es la deficiente calidad de la conectividad, lo cual
genera una comunicación poco estable. Cuando se realizaron por medios
telefónicos, la desventaja fue la comunicación “no visual” y la dificultad de
establecer rapport con los informantes.
Los
criterios de selección fueron tres: 1) residir en alguna de las localidades de
estudio; 2) laborar en algún campo agrícola, y 3) ser mayor de edad. Se
recurrió a la técnica bola de nieve, ya que se tenían contactos previos, y la
visita a varias cuarterías en el PMA y EP. Algunas entrevistas se realizaron en
las viviendas propias, y otras en las cuarterías, las cuales se rentan a la
población jornalera migrante. En las siguientes tablas se describen algunas
características sociodemográficas de las personas participantes.
Cuadro 1. Jornaleros/as
entrevistados/as en San Quintín, B.C.
|
Seudónimo |
Edad |
Género |
Lugar
de nacimiento |
Servicio
médico |
|
Epif |
33 |
Femenino |
Oaxaca |
Público[2] |
|
Guada |
35 |
Masculino |
Veracruz |
Público |
|
Pepe |
24 |
Masculino |
Sinaloa |
Mixto |
|
Gonza |
21 |
Masculino |
Guerrero |
Público |
|
Juli |
43 |
Masculino |
Oaxaca |
Privado[3] |
|
Marga |
43 |
Femenino |
Oaxaca |
Público |
|
Max |
36 |
Femenino |
Oaxaca |
Mixto[4] |
|
Rigo |
38 |
Masculino |
Baja California |
Público |
|
Vane |
42 |
Femenino |
Baja California |
Público |
|
Mara |
24 |
Femenino |
Baja California |
Público |
|
Lencho |
20 |
Masculino |
Baja California |
Privado |
|
Amali |
43 |
Femenino |
Oaxaca |
ND |
|
Tere |
34 |
Femenino |
Oaxaca |
ND |
ND: No se cuenta con
datos.
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 2. Jornaleros/as
entrevistados/as en Poblado Miguel Alemán y Estación Pesqueira, Sonora.
|
Seudónimo |
Edad |
Género |
Lugar de nacimiento |
Tipo de Servicio |
|
Anselmo |
18 |
Masculino |
Tabasco |
Privado |
|
Aleida |
43 |
Femenino |
Poblado Miguel
Alemán, Sonora |
Público |
|
Alfonsina |
20 |
Femenino |
Poblado Miguel
Alemán, Sonora |
Público |
|
Antonia |
35 |
Femenino |
Hermosillo, Sonora |
Público |
|
Cande |
22 |
Femenino |
Poblado Miguel
Alemán, Sonora |
Público |
|
Corintia |
32 |
Femenino |
Chihuahua, Chihuahua |
Público |
|
Edilberto |
42 |
Masculino |
Cárdenas, Tabasco |
Público |
|
Enrique |
27 |
Masculino |
Cárdenas, Tabasco |
Público |
|
Emilio |
41 |
Masculino |
Oaxaca, Oaxaca |
No cuenta con
servicio |
|
Efraín |
40 |
Masculino |
Poblado Miguel
Alemán, Sonora |
Público |
|
Estonia |
35 |
Femenino |
Xicotepec de Juárez,
Puebla |
Mixto |
|
Javier |
48 |
Masculino |
San Juan Copala,
Juxtlahuaca, Oaxaca |
Público |
|
Santiago |
43 |
Masculino |
Villahermosa,
Tabasco |
No cuenta con
servicio |
|
Manuel |
38 |
Masculino |
Ocosingo, Chiapas |
Público |
|
Maura |
30 |
Femenino |
Granjas Valle de
Guadalupe, Ecatepec de Morelos, Estado de México |
Privado |
|
Rita |
24 |
Femenino |
Poblado Miguel
Alemán, Sonora |
Privado |
|
Rubí |
33 |
Femenino |
Poblado Miguel
Alemán, Sonora |
Público (Seguro
Popular) |
|
Enriqueta |
18 |
Femenino |
Hermosillo, Sonora |
Privado |
|
Telma |
54 |
Femenino |
Culiacán, Sinaloa |
Público |
|
Venustiano |
58 |
Masculino |
Juxtlahuaca, Oaxaca |
Ninguno |
|
Miguel |
44 |
Masculino |
Santiago
Juxtlahuaca, Oaxaca |
Ninguno |
|
Rambo |
52 |
Masculino |
Juxtlahuaca, Oaxaca |
Privado |
|
Yurenia |
25 |
Femenino |
Veracruz, Veracruz |
Privado |
Fuente: Elaboración propia.
Se contó con el
consentimiento informado para realizar las entrevistas y se explicaron los
objetivos y alcances del estudio; se audiograbaron previo permiso y
posteriormente se transcribieron en su totalidad, organizaron y sistematizaron
en Nvivo. El plan de análisis fue inductivo, con algunas categorías
identificadas con anticipación, y se codificó en función de los ejes de
análisis previos, así como aquellos que emergieron con el dato empírico.
Resultados y discusión
A continuación, se
exponen y discuten los resultados de la investigación retomando las
condicionantes sociales de la población jornalera ante el COVID-19 respecto a:
1) el acceso a los servicios de salud, 2) los espacios para el cuidado en la
vivienda y los servicios públicos, 3) el entorno comunitario, y medidas de
prevención, como ejes centrales de análisis que permiten discutir las
condiciones de vulnerabilidad social.
1)
Acceso a los servicios de salud:
El acceso a los
servicios de salud entre la población jornalera es principalmente a través de
Centros de Salud de la SSA, para quienes no cuenta con seguridad social, tal
como ha documentado Andrade (2022), que hace un recuento de algunos hallazgos
en Tamaulipas, Sonora y otros estados, en los que constata la precaria
cobertura de salud. Se encontró que algunos jornaleros/as tienen la posibilidad
de acudir a consultas médicas privadas, sin embargo, cubrir este servicio y los
medicamentos impacta su economía. Además de estas estrategias de cuidado,
las/os participantes refirieron el uso de la medicina tradicional para prevenir
el COVID-19, como parte de sus prácticas de autoatención y que evidencian las
alternativas al modelo médico hegemónico, centrado en el conocimiento biomédico
(Menéndez, 2020). Los procesos migratorios, y el intercambio con las
comunidades de origen, permitieron compartir saberes para hacer frente a la
pandemia. Se documentó el uso de tés como expresión de recursos terapéuticos
compartidos colectiva y familiarmente. El uso de tés (de eucalipto y limón, por
ejemplo), el baño de temazcal, preparaciones con miel de abeja y otras
infusiones, remedios y recetas caseras fueron mencionados de manera reiterada
como prácticas de medicina tradicional:
Nosotras
nos vamos con lo que conseguimos, aquí en donde vivimos hay muchas hierbas, las
cuales podemos utilizar solamente en nuestros pueblos y aquí es muy difícil
conseguirlas, y cuando llega, llega seca, pues pierde la sustancia, el extracto
que debe tener, entonces, sí ayuda, pero no es lo mismo una hierba medicinal que esté
fresca (Amalia, San Quintín, B.C.).
Según
la “Guía para la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19”, la medicina tradicional
es coadyuvante en términos de mitigación a los síntomas derivados de la
infección (Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, 2020).
Respecto
a los recursos de la medicina alópata, en el PMA y EP, en Sonora, funcionan
tres Centros de Salud, un hospital del IMSS-Bienestar y algunas unidades de
atención privada (incluyendo especializados). En San Quintín, B.C., el Hospital
Rural No. 69 del IMSS-Bienestar y los Centros de Salud de la SSA brindan
consultas médicas, de esta forma, el 65% de las/os entrevistados en B.C.
declararon tener servicio público de salud. Una gran parte de las/os
trabajadores agrícolas no tienen acceso a la seguridad social ni a las
prestaciones sociales, ya que la inexistencia de contratos formales pemite que
no se les incorpore al régimen del IMSS como trabajadores asalariados. Esto
evidencia las flexibles y precarias relaciones laborales que vulneran sistemática
y estructuralmente los derechos laborales de esta población. Cabe destacar que
dos de las/os informantes señalaron que pueden acudir tanto al sector público
como privado, pero dependerá de si cuentan o no con recursos económicos en ese
momento, tal como se narra en los siguientes testimonios:
Ahorita
no tengo seguro más que el del trabajo, la verdad ni sé si tengo seguro porque
no me he dado de alta, que dicen que hay que ir a darse de alta […] (Abigail,
San Quintín, B.C.).
Nosotros
como no tenemos seguro y muchas veces no vamos al seguro y tenemos que pagar un
médico particular […] porque si no tenemos ahorro pues ahí, nuestros ahorritos
ahí se quedan con ellos […] (Rambo, EP, Sonora).
En
ambas localidades los accesos a consultas médicas en las farmacias de genéricos
cubren una parte de la necesidad de atención a la salud, ya sea porque no se
tiene acceso a la seguridad social. La ausencia de una clínica del IMSS y la
precarización por falta de materiales y/o medicamentos en EP, vuelve más
complicada la situación, según Rambo.
Como
lo documentaron Velasco, Zlolniski y Coubés (2018), en el proceso de asentamiento humano en
San Quintín se experimentó no solo el crecimiento demográfico, sino el aumento
de los servicios de salud públicos y privados. Aunque varias localidades tienen
servicios elementales de salud, la calidad y el equipamiento no cumplen los
requerimientos y necesidades de los usuarios de esta región. La cobertura es
limitada en cuanto los servicios de salud, una atención médica exigua y falta
de personal médico especializado. Los Centros de Salud fijan sus horarios de
atención sin considerar el de las mujeres jornaleras. De igual manera, no hay
personal que funja como traductor cuando hay personas que no dominan el
español. En el primer caso es reflejo de la ausencia de una política de salud
intercultural.
Además
de la carencia de medicamentos y materiales de curación, como lo refirió Rambo.
Esta situación es compleja y añeja entre la población jornalera, a pesar de que
parte de ella lleva más de dos décadas trabajando, como Emilio relató:
Toda
mi vida, yo llegué aquí a La Costa en el año 99, ¿tengo qué?, 21 años aquí y
todo el tiempo he trabajado de trabajador eventual, tengo como 12 años que
empecé a trabajar en los carros estos, llevando trabajadores agrícolas a
diferentes campos (Emilio, PMA, Sonora).
Como
lo refiere Flores (2021), cuando se tiene “acceso a servicios médicos públicos,
provistos por las autoridades locales, estos suelen estar retirados, no brindan
los medicamentos y material de curación, y es común la mala atención o la
negligencia médica” (p. 39).
Algunas
mujeres tuvieron acceso al Seguro Social del Poblado Miguel Alemán o de la
ciudad de Hermosillo, Sonora, pero muchas veces porque son inscritas o
afiliadas gracias a sus cónyuges; a pesar de que también son trabajadoras
asalariadas, las contratan por medios informales con un tiempo reducido, lo que
dificulta o anula el acceso a este derecho, pues suele ser más complicado
colocarse en un puesto permanente llamado de “planta”. Sin embargo, son las
mujeres las que velan por el bienestar familiar, especialmente el cuidado a la
salud, lo cual refleja la desigual distribución de la carga doméstica frente a
los varones y la reproducción de normativas de género que las responsabiliza de
los cuidados como una tarea femenina. Diversos estudios documentaron que este
se exacerbó durante la crisis sanitaria (Amilpas, 2020; Gómez, Morales y
Martínez, 2021; Llanes y Pacheco, 2021).
Solo
en uno de los casos de adultos mayores tuvo acceso al IMSS por medio de uno de
sus hijos asalariados y afiliados a este servicio. Sin embargo, el proceso de
atención a sus padecimientos crónicos, como la diabetes, se vio interrumpido
durante la pandemia, y fue la medicina privada, en este caso el que ofrecen en
las farmacias, la opción accesible económicamente:
Nosotros
somos diabéticos, tenemos cita esa vez y cancelamos y hasta ahorita no hemos
ido al Seguro porque todavía no se puede ir, no hemos sacado cita, estamos
tomando medicina, todos los días, pero pues ahora sí tenemos que comprar
nuestras pastillas (Venustiano, EP, Sonora).
Esto
también se encontró entre las/os entrevistados de B.C., quienes confiaron más
en el sector privado para atender cualquier padecimiento de salud, que en el
sector público. Por ejemplo, un residente de San Quintín, B.C. (Julián) declaró
que siempre que tiene algún problema de salud, acude a una cadena de farmacias
que cuenta con doctores que dan consulta, cuya característica principal es que
maneja solo medicamentos similares, lo que abarata el servicio (Dr. Simi).
La
exclusión de la seguridad social entre la población jornalera ha resultado de
un proceso sistemático de violación a los derechos laborales, a pesar de que se
han dado algunos cambios legales que exigen la contabilización de las semanas
trabajadas por temporada y con cada patrón.
Además
de las dificultades de acudir a los espacios públicos, la decisión de asistir o
no al servicio público de salud se relacionó también con la representación
social del COVID-19; esto es, asociado al miedo e incertidumbre entre la
población de las localidades. Es fundamental la dimensión emocional para el
análisis de las relaciones sociales que se gestaron durante la pandemia, y las
comunidades agrícolas no fueron la excepción.
De
esta manera, una barrera para acudir al IMSS y/o Centro de Salud, fue
justamente el temor a recibir un diagnóstico positivo de la enfermedad, la
posibilidad de ser internado en un hospital y potencialmente morir durante la
atención. Las representaciones fatalistas sobre la enfermedad y, por ende, de
los mismos hospitales o Centros de Salud confluyeron en la animadversión hacia
el personal de salud. De hecho, en un fragmento del diario de campo, se
registraron testimonios:
En
nuestro recorrido de la región de Pesqueira como de Miguel Alemán las personas
expresan la poca disponibilidad del Centro de Salud, no solo porque se ha
restringido la atención sino por el temor de usarlos […] (Diario de Campo, junio, 2020).
Esta
situación también se vivió en San Quintín, Baja California, ya que algunos
trabajadores/as de la región manifestaron que, entre algunas personas
pertenecientes a pueblos originarios y jornaleras, existe temor a asistir al
Centro de Salud cuando tenían algún síntoma. Esta fue una situación frecuente
entre la población en general, tanto en las áreas urbanas como en las rurales:
[Las
personas]… tienen, así como una mala forma de ver a los hospitales y a los
doctores y quienes trabajan [..] digo yo, prefiero morir en mi casa o sea no
sé, se escucha, así como ilógico que yo teniendo información pienses de esa
forma, pero no sé, como indígena, como persona no sé; sí, yo sí tendría ese
miedo de que me lleven a fuerza (Amalia, San Quintín, B.C.).
Por
otro lado, dado que la industria agroexportadora se caracteriza cada vez más
por cumplir estándares óptimos de certificación de sus productos, esto incluye
la calidad de sus productos y cierto tipo de capacitaciones para jornaleras/os,
así como contar con personal de primeros auxilios en caso de accidentes (Zlolniski, 2016). Es por ello que en algunos campos
agrícolas certificados prestan servicios de salud a las/os trabajadores, sin
embargo, esta prestación solo tiene vigencia mientras dura el contrato de
trabajo, lo cual permite que la/el trabajador incluya a sus familiares directos
en la cobertura. Por otro lado, también se dieron casos de automedicación,
cuando algunas personas usaron pastillas conocidas popularmente con el nombre
comercial de “paracetamol” y “pastillas para la garganta”.
2)
Espacios para el cuidado: vivienda y servicios públicos:
Las viviendas y sus
características tienen un impacto importante al momento de atender las
necesidades del cuidado frente a la pandemia, ya que la dimensión y
distribución de los espacios de convivencia pueden marcar la diferencia en la
probabilidad de contagios, junto con los servicios públicos como el agua
potable y el drenaje.
En
dicho sentido, el lugar donde se alojaban las personas jornaleras entrevistadas
era de diversos materiales de construcción. En el caso de Sonora (PMA y EP),
normalmente los muros estaban construidos ya sea de block de cemento y arena
(elaborados de modo artesanal o de fábrica), de lámina galvanizada, de cartón
negro aceitoso y de adobe. En una misma vivienda pudo registrarse el uso de
estos distintos materiales. Los techos eran de concreto con vigueta y casetón,
concreto sólido, lámina galvanizada o lámina de cartón aceitoso.
En
B.C. se contactó a 13 jornaleras y jornaleros agrícolas de la localidad de San
Quintín, de los cuales el 54% eran mujeres y el 46% varones (ver Cuadro 1).
Debido a las restricciones de movilidad, las entrevistas se realizaron a través
de llamadas telefónicas o video-llamadas. Con base en los testimonios, el 100%
de las/os entrevistados declaró ser propietario de la vivienda, o de algún
familiar que la habitaba. Por lo que respecta al material de las viviendas, el
80% de los pisos eran de concreto y 20% de tierra; en muros, 60% eran de bloque
y 40 % de madera; en techos, el 90% de madera y 10% de concreto.
Para
el caso de las/os 22 informantes de esta investigación en Sonora (ver Cuadro
2), las condiciones de la vivienda declaradas fueron las siguientes: el 45.5%
era propietario de su vivienda, mientras que el 18.2% vivía en galeras, el
86.4% de las casas tenían piso de concreto y muros de material de block,
ladrillo o concreto; los techos eran de lámina galvanizada en el 54.5% de las
viviendas, y la mitad de estas contaban solamente con un dormitorio. Si bien la
totalidad de las casas tenía agua potable entubada y acceso a luz eléctrica (el
95.5% lo hacía a través de la Compañía de Electricidad), solo el 72.7% accedía
a la red pública de drenaje.
Por
el lado de servicios, la mayor parte de las/os entrevistados declaró que
cuentan con agua potable por tubería o manguera dentro de la vivienda (80%),
aunque el servicio era continuamente interrumpido, y a veces solo contaran con
él una vez por semana. De igual forma, otro grupo mencionó que se abastecían de
agua mediante pipas (20%).
La
electricidad era el servicio más frecuente en las viviendas, aunque se
registraron dos casos en donde no contaban con él. Por el contrario, el
servicio de drenaje sanitario fue el más ausente, ya que el 80% de las personas
manifestó usar letrinas conectadas a una fosa séptica.
En
dicho contexto, dos de las recomendaciones principales como la sana distancia y
el lavado de manos fueron difíciles de cumplir dada las condiciones de los
espacios y el acceso al agua potable. Cuando había la posibilidad de hacerlo,
por ejemplo, lavarse las manos, se reflejó diferencialmente entre varones y
mujeres, “(los varones) no le toman importancia, realmente no. Sí, porque a
muchos así les decíamos: ‘oye, ponte el cubrebocas, oye, lávate las manos’”
(Yurenia, EP, Sonora).
Se
registró también, por medio de observaciones en campo y las narrativas en las
entrevistas, que los reducidos espacios de las habitaciones privadas y de
renta, se convirtieron en sitios de riesgo, ya que en estos espacios
interactuaban una gran cantidad de integrantes de la familia. Al momento de que
uno de los miembros del grupo manifestaba algún síntoma relacionado con la
enfermedad de COVID, la problemática del aislamiento se asomaba:
[…]
hay hospitales que se usan solamente para eso […] Para aislar y pues a la mejor
si a mí me pegara, yo preferiría que me fueran y me internaran, porque cómo voy
a permitir que en mi casa se enfermen todos, porque por una persona se puede
enfermar toda la familia, toda completamente (Aleida, PMA, Sonora).
El
relato de nuestra informante muestra parte de las contradicciones que se
vivieron durante la pandemia, pues a pesar de los temores y estigmas de los
servicios de salud, coexistió también la idea de que ante el peligro de
contagio de toda la familia era preferible turnarlos al hospital. Los espacios
son reducidos porque cohabitan con cinco personas, en donde solo hay una habitación
y la cocina. Esta situación de hacinamiento fue común en las comunidades
estudiadas, por lo que la medida generalizada de permanecer en el domicilio y
mantener una distancia prudente en el interior de las viviendas, no se pudo
corresponder ante las condiciones de las unidades domésticas de la población
jornalera.
La
informante explicó que la casa es propia, no obstante, existen casos donde
rentan para vivir tiempos cortos. En estos últimos, es decir, de arrendamiento,
la vivienda se compone de un solo cuarto o conjunto de cuartos, y puede ser
ocupada por una familia en la modalidad de renta. A veces el propietario
construye varios cuartos, cuyos “contratos” de arrendamiento regularmente son
informales. Estas cuarterías casi siempre tienen carencias tanto de calidad de
construcción y espacios, como de servicios en el interior, dígase baño, patio,
lavaderos. Respecto a esto Yurenia comentó:
En
las cuarterías hay mucha gente, viven pegaditos, ¿cuál distancia, o cubrebocas?
El contratista o en la cuartería no les dan, también usan agua, como aquí en el
tiempo de calor aquí en la comunidad nomás llega agua en la noche, en el día no
hay, lo que juntas en la noche es lo que vas a usar en el transcurso del día,
en las cuarterías imagínese, hay mucha gente que lava, que se baña, el agua se
acaba bien rápido […] sí, en las cuarterías, es difícil, hay muchos como dicen
en el municipio “lávate las manos todos los días, usa gel antibacterial” pero
si mucha gente no tiene agua, cómo se va a lavar las manos si no hay agua, o
cómo va a usar gel antibacterial, si ni el recurso les alcanza para comprar un
gel, más cuando el gel está bien caro también (Yurenia, EP, Sonora).
Yurenia,
radicada en la localidad de EP y con 25 años edad, quien labora como jornalera
agrícola, externó estos problemas que complicaron el cuidado ante el COVID-19,
además, mencionó las temperaturas extremas, particularmente las del verano
sonorense, las cuales pueden ser superiores a los 45ºC, por lo que aumenta el
consumo de agua para necesidades vitales.
En
dicho sentido, los servicios públicos, y aunque Aleida y Yurenia, y otras/os
informantes, contaban con drenaje, electricidad y agua potable, existieron
casos, especialmente en las zonas periféricas de las localidades, en donde
carecían de servicios regulares de agua potable entubada, y en el mejor de los
casos el servicio era irregular. Yurenia lo recalcó de la siguiente forma:
Mucha
gente no tiene la posibilidad de hacer todo eso, porque, por ejemplo, aquí
mucha gente no cuenta con agua potable. Por ejemplo, vamos a hablar de la
comunidad de Nueva Esperanza, que le dicen El Basurón, ellos no cuentan con
agua, el agua es muy escasa, el agua es para bañarse, para lavar los platos,
lavar ropa, es muy poca la que les dan. Entonces ellos no tienen la posibilidad
de estar lavándose las manos a cada rato, ¿por qué?, porque si ellos gastan esa
agua, se quedan sin agua, y digamos que no van todos los días a llevarles agua
con la pipa, van una vez a la semana, [hay] gente que no tiene tinaco, que no
tienen esos tambos, tiene que cuidar mucho su agüita para que les alcance
(Yurenia, EP, Sonora).
En
San Quintín, B.C., se encontró que, en el interior de la vivienda, la mayor
parte contaba con uno o dos dormitorios, espacios que son ocupados por tres o
seis personas: abuelos, papá, mamá e hijos. De igual forma, la mayor parte de
las/os entrevistados declaró que son dueños de su casa, y nada más un
informante expresó que le prestaron la casa. Una de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias cuando un miembro de la familia se contagia fue
mantenerla/o en aislamiento, sin embargo, las dimensiones de la vivienda en San
Quintín representaron un desafío, al ser un espacio reducido donde cohabitan
los integrantes de las familias, y además sin contar con drenaje sanitario
dentro de la vivienda y el agua suele ser escasa. Sin embargo, existió cierta
confianza de hacerle frente a la enfermedad, según uno de los entrevistados:
Entrevistador:
¿si alguien se enfermara, tienen el lugar apropiado para cuidar al paciente?
José:
Este, sí, en uno de los cuartos (José, San Quintín, B.C.).
Por otro lado, Julián,
quien vive en San Quintín, a la pregunta sobre si en el caso de que enfermara
algún familiar por COVID-19, su vivienda tendría espacio para el aislamiento de
la persona, respondió que sí, además de dar opciones de cuidado como la de comprar
gel y buscar otras estrategias.
La
reproducción del grupo doméstico en los espacios de sus viviendas resaltó la
condición del cuidado y el género. Los hombres, a juzgar de mujeres de la
comunidad, minimizaron el peligro, especialmente al enfermarse por COVID-19; en
tanto ellas fueron más atentas al bienestar del grupo doméstico porque al
pasarles algo, implicaría desprotección o una eventual orfandad en caso fatal,
Yurenia externó:
[…]
las mujeres de la comunidad sí, se espantaban y decían “no, sí, vamos a
cuidarnos nosotras, no hay que salir mucho tampoco porque está cabrón. Luego
los niños, se les va a pegar esa enfermedad, no Dios mío, qué feo”, dicen. Sí,
obviamente que las mujeres pensamos mucho en nuestros hijos, si les llegara a
pasar algo. Más las que tenemos chiquitos (risa) (Yurenia, EP, Sonora).
Esta
percepción de diferente riesgo entre hombres y mujeres se relaciona con
estereotipos de género, que posibilitan que los hombres se expongan a mayores
riesgos de daños a la salud y a una búsqueda tardía de atención. Estas
construcciones sociales de género interfieren con las medidas de prevención
ante el COVID-19, a lo que se suman las condiciones del entorno comunitario,
tal como se analiza a continuación.
3)
Entorno comunitario y medidas de prevención:
El contexto social de
las regiones de estudio en Sonora se compone no solo por las condiciones
precarias de vivienda y servicios públicos deficientes, también por cuestiones
ambientales: fuerte calor, viento en extremo, tierra suelta y la contaminación
del aire por la combustión de material de residuos como llantas para paliar un
eventual daño de los cultivos por las bajas temperaturas. En San Quintín, el
contexto semi-urbano se caracteriza también por condiciones ambientales
adversas para la salud, por ejemplo, en algunos asentamientos se carece de
calles pavimentadas, lo que genera afecciones relacionadas con el sistema
respiratorio (al margen del COVID-19). De igual forma, además de los contextos
de marginación descritos (carencia de drenaje y reducida disponibilidad de agua
dentro de la vivienda), se suma el problema del uso de pesticidas y
fertilizantes en los campos agrícolas cercanos a las comunidades, lo que pone
en riesgo tanto a los jornaleros como a otros residentes de San Quintín. En 2020,
San Quintín fue decretado como nuevo municipio, el sexto en B.C., lo que puede
representar mejores condiciones para su desarrollo social, económico y
territorial.
Las
localidades en Sonora, al igual que en B.C., la falta de pavimento y
contaminación ambiental por falta o mal servicio de drenaje, producen un
contexto poco saludable. En invierno, y con la llegada de heladas y
consecuentes daños a los cultivos aledaños al PMA, distintos productores han
llevado a la práctica la quema de llantas, con lo cual las estelas de humo
negro producen espacios comunitarios dañinos. Tanto EP y el PMA son localidades
dependientes de las cabeceras municipales y con ello, las respuestas a los
problemas de salud, vinculados a los factores sociales, son responsabilidades de
las autoridades centrales de cada municipio, San Miguel de Horcasitas y
Hermosillo, respectivamente. Con la llegada de la pandemia, algunos actores
comunitarios del PMA intentaron organizarse en términos de recursos y
planeación para hacerle frente, sin embargo, uno de los primeros diagnósticos
derivados de dichos esfuerzos resultó negativo, es decir, no existían recursos
materiales, financieros ni humanos suficientes.
Por
otro lado, algunos de los cambios visualizados en el entorno inmediato tienen
relación con la restricción a la movilidad en los primeros meses; la
disposición de algunas autoridades locales de inhibir las salidas de sus
hogares en ciertos horarios produjo una serie de cambios que para algunas/os
puede leerse como pérdida de la “convivencia”, así como los cambios en las
formas de acceder a espacios públicos como son los establecimientos para
comprar alimentos, tal como Franco, chofer de campo agrícola que relató:
[…]
la convivencia ya no es la misma, por miedo, ya no es la misma, ya no convives
igual, sí se puede hablar por teléfono y todo, pero ya no es la misma, ya no es
la misma, en las compras, ir al súper, ya todo cambió, ya todo se está haciendo
diferente (Franco, PMA, Sonora).
Respecto
a los espacios públicos en Sonora, como los comercios de las localidades,
bancos y cajeros automáticos, fueron lugares donde resultó inevitable la
aglomeración de personas y, sobre todo, dichos comercios no se adaptaron del
todo para procurar la sana distancia y la buena ventilación.
El
uso del cubrebocas, según las observaciones realizadas en campo tanto en San
Quintín como en el PMA y EP, resultó irregular, con tendencia a no utilizarlo.
Esta situación estuvo influenciada por las restricciones de las autoridades
locales de que se utilizara el cubrebocas en lugares públicos, especialmente en
aquellos que no contaban o cuentan con ventilación o estuvieran a cielo
abierto. Durante las primeras observaciones, en junio de 2020, hubo personas
que transitaban por las avenidas, en el PMA y EP, sin cubrebocas. En
subsiguientes semanas, en las que se visitaron las localidades referidas, se
registró un visible aumento en la utilización del cubrebocas, principalmente en
los espacios abiertos, pero sin llegar a ser una práctica generalizada. No
obstante, para octubre, por ejemplo, en el PMA, una de las informantes apuntó
que “la gente pues sí se da cuenta, andamos sin cubrebocas,
sin modo de protegernos, como quien dice” (Alfonsina,
PMA, Sonora). En el caso de Alfonsina, su mamá también le decía que era “ridícula”
porque ella no lo utilizaba, pero sí se lo ponía a su hijo, pues comentaba que
ella se podía enfermar, pero su hijo no; en este caso, se resalta la noción
materna del cuidado.
Para
Sonora, aunado a las circunstancias socioambientales, también existió otra
situación social grave, como lo refiere Aleida: la delincuencia:
[…]
se meten a las casas, pues como a veces uno tiene que dejar solo, se aprovechan
por eso, ahí es cuando se meten y agarran, lo que con tanto esfuerzo […] mucha
droga, mucha delincuencia, yo creo que es el problema más grave que hay
(Aleida, PMA, Sonora).
Además,
ella señala que el uso de cubrebocas facilitó el anonimato, lo cual fue
aprovechado por personas que se dedican a robar. Paradójicamente, una
disposición preventiva de salud pública, se identificó también con la
posibilidad de utilizarla de manera perniciosa, para fines de anonimato al
momento de cometer algún delito como el asalto o el robo. El miedo a
contagiarse de COVID-19 se entrecruzó con el temor a la delincuencia, que
afectó aún más la vida de la población.
Reflexiones finales
El riesgo de padecer
el COVID-19 se relaciona con la condición previa de salud de las personas, las
cuales son más propensas si tienen alguna enfermedad crónica como hipertensión,
diabetes y/o enfermedades cardiacas (López-Gatell, 2020; Adhikari et al.,
2020). Este riesgo se
relaciona profundamente con las condicionantes sociales de vida que además
dificultan los procesos de atención, sobre todo entre poblaciones vulnerables
socialmente, como son las/os jornaleros agrícolas, quienes refirieron la
tensión entre la necesidad de trabajar y cuidarse en condiciones adversas.
Dichas condiciones se relacionan con procesos históricos de vulnerabilidad
social y estructural que afectan los procesos de salud, enfermedad y atención,
lo cual también ha sido documentado en estudios sobre salud y pueblos
originarios (Berrio et al., 2021) y sobre salud y migración (Piñones,
Quezada y Holmes, 2019). Los procesos migratorios que se gestan en las
comunidades campesinas de origen, sur de México, y las comunidades destino, del
norte de México, le imprime un sello particular al menguar las condiciones de
afrontamiento a los riesgos medioambientales, y en este caso, la enfermedad por
COVID-19 no fue la excepción. De modo tal que el contexto sociocultural de las
personas jornaleras entrevistadas, en algunos casos, practicante de lengua
indígena, y de origen rural-campesino, favoreció al uso de recursos
terapéuticos alternativos a la medicina biomédica.
Si
bien existen particularidades entre las localidades de estudio, se encontraron
algunos puntos en común: los servicios de salud públicos estuvieron rebasados,
e incluso se construyó una narrativa social de desconfianza hacia estos; los
espacios comunitarios como plazas, calles y comercios, poco se adaptaron a las
necesidades sanitarias de distanciamiento social y ventilación; los espacios
educativos, de salud y culturales carecían y siguen careciendo de
infraestructura pública; el uso de mascarillas y gel antibacterial tanto en el
espacio doméstico, público y laboral fue irregular. En los espacios domésticos,
las mujeres fueron las principales actoras, especialmente en el cuidado ante el
COVID-19. Esta es una línea de análisis pendiente a profundizar en los datos
empíricos, así como en el diseño de futuras investigaciones.
En
B.C. casi el total de entrevistadas/os son propietarios de la vivienda, por lo
que podían hacer adecuaciones en el interior en caso de enfermar. Sin embargo,
el espacio con mayor posibilidad de contagio fue el transporte público, usado
para trasladarse al trabajo, ya que, según las/os informantes, durante los
primeros meses de pandemia, se trató de mantener distanciamiento social en el
interior de los autobuses de transporte de personal, pero esta medida se relajó
después de algunos meses. Si bien no hubo casos de contagio entre las/os
entrevistados, sí preocupación permanente de contagiar a un familiar dentro del
hogar al exponerse en el transporte, sobre todo entre jornaleras madres de
familia.
En
Sonora se encontró que algunas personas entrevistadas cuentan con vivienda
propia, pero otras rentan en las llamadas “cuarterías”; en ambos casos, el
tamaño reducido dificultó el distanciamiento social. La condición de poseer o
no una vivienda marca de alguna forma las capacidades familiares para responder
de manera colectiva a un peligro; el hecho de vivir en una cuartería en la que
no solo tienen espacios reducidos, sino que también el ingreso económico
familiar se ve disminuido, ya que tienen que pagar los servicios en caso de que
se ofrezcan (electricidad, agua potable, drenaje), las provisiones y el costo
de la renta.
El
acceso a los sistemas de salud formales, IMSS y SSA, resultó insuficiente y
agudizó la resistencia a utilizarlos ante la desconfianza respecto a su
calidad, además de identificarlos como riesgosos ante la posibilidad de
contagiarse o bien, acudir a ellos, ser hospitalizados y morir. En los primeros
meses de pandemia una de las prácticas de atención y cuidado fueron las recetas
de la medicina tradicional, como parte de las prácticas de autoatención.
Los
datos empíricos en su conjunto, evidencian las situaciones de vulnerabilidad
social, pero también la agencia de la población para enfrentar la crisis
sanitaria, como son las prácticas de autoatención centradas en saberes
ancestrales. Esta respuesta a la vulnerabilidad de la población jornalera es lo
que Pedreño (2014) llama sostenibilidad social; esto es, la tendencia a cubrir
las necesidades materiales y subjetivas de los grupos sociales con sus propios
recursos, y en especial, ante los impactos de las dinámicas económicas de los
enclaves agroindustriales en la vida comunitaria.
Si
bien la vacunación de buena parte de la sociedad ha reducido los efectos de la
pandemia, se requiere dar seguimiento a este problema de salud pública, para
analizar las prácticas de cuidado en un contexto diferente, ya que la
socialización sobre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad
es más amplia. La pandemia por COVID-19 mostró la urgencia de incidir desde la
política social y de salud, en la vida de las personas jornaleras para lograr
un estado de bienestar, por lo que se proponen investigaciones que den
continuidad a estos resultados y se centren en un análisis crítico de la salud
pública y los condicionantes sociales que ubican a las poblaciones ante
distintas situaciones de vulnerabilidad.
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José Eduardo Calvario Parra
Mexicano. Doctor en
Ciencias Sociales, especialidad en Sociología por El Colegio de México, A. C.
Programa Investigadores e Investigadoras por México-Conahcyt, comisionado en El
Colegio de Sonora. Líneas de investigación: La salud de jornaleros agrícolas;
masculinidad y riesgo ante el clima extremo, y vulnerabilidad social y riesgos
para la salud. Últimas publicaciones: Coautor de “Problemas que enfrenta la
población jornalera en Sonora” y de “Las personas jornaleras y la COVID-19:
prevención y condiciones laborales en Sonora, México”.
María del Carmen Arellano Gálvez
Mexicana. Doctora en
Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por El Colegio de la Frontera
Sur. Profesora-Investigadora de El Colegio de Sonora, en el Centro de Estudios
en Salud y Sociedad. Líneas de investigación: estudios socioculturales en
salud; género y alimentación; procesos de migración interna; trabajo agrícola y
el derecho a la salud. Últimas publicaciones: Coautora de “¿Apoyos o derechos?:
acceso a servicios de salud entre población jornalera del noroeste de México” y
de “Las personas jornaleras y la COVID-19: prevención y condiciones laborales
en Sonora, México”.
Juan Manuel Rodríguez Esteves
Mexicano. Doctor en
Ciencias Sociales, especialidad en Antropología Social (CIESAS).
Profesor-investigador en El Colegio de la Frontera Norte. Líneas de
investigación: geografía del riesgo; antropología de los desastres; adaptación
al cambio climático. Últimas publicaciones: Coautor de “De lluvias y desastres.
Un modelo para manejar el riesgo en Tijuana, B.C. Tijuana, B.C.” y de
“Desastres y Covid-19: dos modelos para reducir el riesgo de desastres”.
Lourdes Camarena-Ojinaga
Mexicana. Doctora en
Ciencias Sociales en El Colegio de la Frontera Norte. Profesora-investigadora
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Baja California. Líneas de investigación: calidad de vida; estudios
de migración y trabajo agrícola; salud y población vulnerada. Últimas
publicaciones: Coautora de “Calidad en el sistema de salud en México: evidencia
de su desgaste e implicaciones en la política pública” y de “Work Conditions in
Agroindustry. Indigenous Female Farmworkers in Northwest Mexico”.