Introducción
La
ciudadanía plena sigue siendo, hoy día, un
problema del
modelo de democracia, pues los sujetos no se involucran o se involucran
poco en
los intereses de su colectividad; no obstante, estas conductas no se
explican a
partir de actitudes de apatía. Y es que la calidad de
ciudadanía no es un estatus
político-civil que se adquiere con el sólo hecho
de llegar a la mayoría de
edad, sino que es algo que se construye y potencializa en el tiempo, y
que, sin
lugar a dudas, está atravesado por las condiciones de
historia de vida y
estructurales como pobreza, marginalidad, discriminación,
exclusión, violencia,
entre otras muchas.
La
noción de ciudadanía, como muchas otras, carece
de
consenso dentro de la academia, y ha sufrido modificaciones en el
tiempo,
manteniendo una constante: siempre ha definido con claridad
quién sí y quién no
puede gozar de los derechos políticos y civiles, y
participar en el espacio
público. En torno a ello han surgido paradigmas
teórico-conceptuales que
explican y vinculan los estados democráticos con sus
ciudadanías, estableciéndose
así derechos y obligaciones para quienes tienen este
carácter, lo que implica
el reconocimiento de su existencia en la vida pública.
Prevalece
la creencia científica de que, al paso de los
años,
la noción de ciudadanía se perfecciona y se
vuelve más incluyente; no obstante,
en el modelo normativo de democracia prevalecen las
ciudadanías uniformes y
heteronormadas, con lo que no se da cabida a lo diverso. Este
paradigma,
entonces, desconoce, entre otras ciudadanías, a las
sexuadas, con lo que se les
niega el pleno ejercicio de sus derechos. Las personas de la diversidad
sexual
no sólo están en la lucha del goce de derechos y
obligaciones como los
ciudadanos que son reconocidos por el modelo normativo, sino
también dando la
batalla en la reconfiguración sociocultural.
Es
de suma importancia decir que no todas las personas que
pertenecen a algún sector de la comunidad lgbttti
están en esta lucha. Dado el contexto sociocultural, han
interiorizado, al paso
del tiempo, la forma como se les ha visto y tratado. En un paradigma
tradicional fueron consideradas personas pecadoras. Con el giro
ideológico,
científico y cultural que supuso la modernidad y su
instrumentalización
institucional, la homosexualidad fue considerada una enfermedad desde
el
discurso médico, una alteración en alguna parte
del cerebro, o un defecto
congénito; desde el discurso psiquiátrico, como
una desviación, perversión, el
resultado de un trauma infantil; desde el discurso religioso, como una
abominación o un pecado; desde el discurso
jurídico, un delito que debe ser
castigado. Es decir, se construyó la idea de cuerpos
patologizados y
criminalizados que requerían del control a través
de la medicalización de los
expertos, llámense médicos o psiquiatras.
Esta
mirada dominó por más de dos siglos el discurso
institucional científico, jurídico y
político; todo lo no binario estaba
cargado de una connotación de enfermedad. En la primera
mitad del siglo xx
empezaron a surgir —principalmente en
Alemania— discursos como los de Havelock Ellis (1859-1939) y
Magnus Hirschfeld
(1868-1935), que cuestionaban la patologización de la
sexualidad no
heterosexual y reproductiva (Pérez, 2011), pero
éstos fueron erradicados
durante el régimen nazi. Y es hasta la segunda mitad del
siglo xx
que aparecen de forma más fuerte
movimientos sociales que cuestionaron el orden social dominante, como
los
movimientos de mujeres, obreros, de estudiantes, así como
los de liberación
sexual y del orgullo lgbt
—en
particular a partir de los disturbios Stonewall en 1969, el movimiento
colectivo por el coming out—, los cuales
contribuyeron a la
despatologización de la diversidad sexual y, posteriormente,
a la búsqueda de
derechos, lo que ha permitido, poco a poco, visibilizar cambios, sobre
todo en
el ámbito de lo público.
Cabe
mencionar que en la actualidad convergen los discursos
patologizantes prevalecientes en el ámbito privado y en la
socialización
primaria con una tolerancia pragmática en el
ámbito de lo público; es decir, en
este último, cuando no se invisibiliza, se tolera, pero
nunca se incorpora, lo
que hace evidente la dificultad a la que se enfrentan las personas de
diversidad sexual para acceder a un goce pleno de derechos y alcancen
la
ciudadanía real.
No
obstante, la dificultad antes mencionada se vive de manera
distinta por las personas de la diversidad sexual. Es importante
reconocer que
ellas, como el grueso de la población, viven una
interseccionalidad por
cuestiones de edad, apego al sistema sexo-género, nivel
académico, raza,
estatus socioeconómico, ocupación,
condición migratoria, si se pertenece a un
contexto urbano-rural o el capital sociocultural con el que cuentan. Es
sabido
que todos estos elementos inciden como condiciones determinantes para
el
ejercicio de la ciudadanía.
En
este contexto interesa preguntarse: ¿Cómo
negocian las
personas lgbttti
en el transcurso
de su vida entre el discurso patologizante que limita el ejercicio de
sus
derechos y el discurso de ciudadanía plena para la puesta en
práctica de los
mismos? Aquí sólo buscamos acercarnos a lo que
teóricamente se ha discutido al
respecto para, luego, en una segunda fase de la
investigación, realizar una
aproximación empírica en el contexto de la
región centro-bajío del país.
El
trabajo parte del supuesto de que la ciudadanía es un
constructo social que se forma en el tiempo, ya sea potencializando o
minando
la condición política y civil de los sujetos. En
este entendido, las personas lgbttti,
al no apegarse a los roles y
estereotipos de género, desde su niñez
experimentan condiciones de marginación
y discriminación, producto de la patologización
que se hace de ellas, con lo
que se debilita su constitución de personas sujetas de
derechos y obligaciones.
El discurso de patologización que ellas interiorizan desde
edades muy tempranas
las lleva, en muchas ocasiones, a considerarse personas no sujetas de
derechos,
o bien a lidiar y negociar con este discurso patologizante, lo que hace
evidente que, aunque se han dado avances al retirar la homosexualidad
del
catálogo de enfermedades mentales del Diagnostic
and Statistical Manual of
Mental Disorders (dsm)
desde inicios de la década de 1990, el estigma social que
representó la
patologización sigue permeando en el imaginario colectivo,
así como en el
proceso de subjetivación identitaria de los sujetos.
A
pesar de ello, existen elementos como el capital sociocultural
o el vínculo con personas activistas que funcionan como
herramientas que les
permiten a las personas lgbttti
aprender
a negociar con el discurso patologizante y posicionarse como sujetos de
derechos, en ocasiones sólo en ciertos contextos o frente a
situaciones
particulares, y a veces de una forma más sólida y
sostenible tanto en el ámbito
público como en el privado.
¿Ya
no somos anormales, enfermos ni criminales?
El
discurso de patologización en la subjetivación de
personas
lgbttti
Es
necesario entender la génesis de los discursos que
construyeron la noción de patología en la
sociedad occidental moderna,
vinculada directamente a un ejercicio de poder de los grupos dominantes
a nivel
económico y político. La
patologización, entre muchas otras construcciones
estigmatizantes, tuvo como fin responder a determinadas necesidades muy
concretas: lograr la consolidación de un orden social
binario basado en una
figura patriarcal, un sistema económico de mercado, un
Estado masculino y
heterosexual, una familia monogámica y una ciencia encargada
de legitimar y
controlar todos estos elementos tanto en el espacio público
como en el privado.
Para
Foucault (1979) la burguesía ha necesitado, o el sistema
ha encontrado su propio interés en la técnica y
en el procedimiento mismo de la
exclusión. Y es que son los instrumentos de
exclusión, los aparatos de
vigilancia, la medicalización de la sexualidad, de la
locura, de la
delincuencia, toda esta microfísica del poder, la que ha
significado, a partir
de un determinado momento, el mecanismo social de control y
dominación. “Los
mecanismos de exclusión de la locura, de vigilancia de la
sexualidad pusieron
de manifiesto un provecho económico, una utilidad
política y, de golpe, se
encontraron naturalmente colonizados y sostenidos por mecanismos
globales, por
el sistema del Estado” (Foucault, 1979, p. 146). En occidente
tenemos una
medicalización de la sexualidad en sí misma, como
si ella fuese una zona de
fragilidad patológica particular en la existencia humana.
Toda sexualidad corre,
a la vez, el riesgo de estar enferma y de inducir a enfermedades (como
en ese
momento lo vivió la homosexualidad) (Foucault, 1979, pp.
160-161).
La
medicalización de la sexualidad surgió como un
paradigma
integrado por un conjunto de ideas, teorías, supuestos,
premisas y
representaciones, todas ellas provenientes de distintas disciplinas que
intentaban explicar la etiología de la homosexualidad, con
el objetivo claro de
patologizarla y, a partir de ahí, justificar su tratamiento,
conversión o cura
(Cornejo, 2011). En este paradigma de la medicalización de
la homosexualidad
patologizada confluyeron desde el final del siglo xix y hasta
muy avanzado el siglo xx,
una multiplicidad de explicaciones patologizantes
desarrolladas principalmente por la psiquiatría y el
psicoanálisis, pasando por
las explicaciones genéticas y hormonales de la disciplina
médica. Estas ideas
que dominaron las explicaciones de la homosexualidad y la fundamentaron
como
“anormal” a la luz del discurso
científico, lograron permear y sedimentarse en
las representaciones sociales de las personas por casi dos siglos.
Para
analizar la solidez que ha adquirido el discurso de
medicalización sobre la sexualidad y el control sobre los
cuerpos sustentados
en el pensamiento binario, propio de occidente, Foucault
señala cómo la
distinción entre lo normal y lo patológico es
todavía más fuerte que la de
culpable e inocente, señalando que “cuando un
juicio no puede enunciarse en
términos de bien y mal se le expresa en términos
de normal y de anormal” (Foucault,
1979, p. 41). Y cuando se trata de justificar esta última
distinción, se hacen
consideraciones sobre lo que es bueno o nocivo para el individuo (esto
desde la
perspectiva de quien ejerce el poder sobre él, de la
institución
disciplinaria). Son sobre estas expresiones del dualismo constitutivo
de la conciencia
occidental identificadas por Foucault que, en este análisis,
se observa el
ejercicio de la ciudadanía de las personas lgbttti.
La
mirada científica patologizante hacia esos cuerpos fue
legitimada por el Estado y apropiada mediante la elaboración
de un marco legal
que construyó, entre otras muchas cosas, una
regulación social basada en lo
normal y lo anormal, y fue una de las lógicas bajo las
cuales se concedió la
calidad de ciudadanía. Esa calidad de ciudadanía
permite el acceso a derechos
civiles y políticos, que significaba no sólo el
ejercicio del sufragio, sino
gozar de derechos sociales como el trabajo, la salud, la
educación, la
vivienda; es decir, los políticos y administradores
públicos entraron en esa
misma lógica de regulación de la sexualidad
adoptada por los médicos y
psiquiatras desde el discurso científico para atender a esos
cuerpos desde condiciones
estigmatizadas, incluso llegando a criminalizarles.
Si
bien es cierto no todos los marcos legales de las naciones
tipifican como delito la homosexualidad, los países que no
la contemplan en su
normatividad no es que la toleren, sino que recurren a sancionarla
desde la
parte administrativa como “daños a la
moral” o propiciar el “desorden
público”;
tal fue el caso de México con el mítico suceso de
la redada policiaca del “baile
de los 41” a principios del siglo xx,
que criminalizaba, ridiculizaba y exponía a “los
anormales”, “los desviados”,
“los jotos”, llevándoles a pagar una
condena de trabajos forzados en Yucatán.
Esto revelaba la necesidad de no dejar pasar la homosexualidad y sus
expresiones como cuestiones “normales”. Y a pesar
de no encontrarse tipificada
como delito, imperaba en la sociedad el sancionarla a partir de los
recursos
que se tuvieren, y era ahí donde los discursos
médicos, religiosos y jurídicos
cobraban validez y vigencia.
Con
ejemplos como este, podemos observar cómo esta mirada
especializada patologizante y criminalizante permeó las
prácticas cotidianas,
encontrando su mayor núcleo reproductor en la familia, una
familia surgida de
la modernidad caracterizada por ser heterosexual, pues es la
unión exclusiva de
hombre-mujer, tiene como fin la reproducción de la especie
en un marco
político, exige monogamia, fidelidad, además de
regular la vida social
excluyendo las anomalías. Es decir:
[…]
define cuerpos
y asigna placeres, regula, prohíbe y permite un determinado
modelo social
jerarquizado y excluyente de un “otro” frente a lo
que lo “normal” está
permanentemente obligado a confrontarse, dado que sus
límites coinciden con la
posibilidad de identificación, definición,
marcado y rechazo de lo “anormal”.
(Tudela, 2012, p. 14)
Este
modelo de familia no sólo está validado en el
contexto moderno,
sino que también representa la
“expresión máxima” de
evolución sociocultural,
de tal forma que lo que no se parezca a esta construcción es
una entidad “bárbara
y enferma”. Así, al ser la familia un dispositivo
de control social de gran
envergadura, diversas posturas teórico-políticas
han equiparado su función con
el Estado moderno. “Se trata de una de las más
formidables invenciones
políticas del siglo ilustrado: La invención del
espacio público de la vida
frente al espacio privado, de lo político frente a lo
doméstico” (Tudela, 2012,
p. 10). Lo público para los hombres sanos, productivos; y lo
privado para las
mujeres y los anormales, donde se aprenden roles de género;
lo que sustenta “el
orden natural” es lo binario: Estado-familia, hombre-mujer,
público-privado, normal-anormal,
heterosexual-homosexual, tutela-tutelado.
Bajo
esta lógica heterosexual y binaria se elaboró el
pensamiento y funcionamiento de las instituciones del Estado moderno,
teniendo
como la institución legal poderosa el matrimonio, y a partir
de este contrato
civil se construirán y derivarán derechos
sociales y el derecho mismo a la
procreación.
La
familia monogámica, heterosexual y reproductiva se
instaura como la primera institución de
socialización de las personas, de tal
forma que moldearán, ordenarán y
educarán a sus descendientes bajo esta
concepción “normal” de lo heterosexual y
binario. La familia será así el
espacio supremo donde se regulan los usos del cuerpo y la sexualidad,
desde la
díada “normal-anormal”, desarrollando,
desde la socialización primaria, una
serie de discursos y prácticas reguladoras para
“encauzar” la expresión de
género de sus miembros, procurando cumplir, por lo menos en
la apariencia, con
la correspondencia asignada en occidente entre sexo, género
y deseo, y así,
supuestamente, “prevenir” o
“corregir” la expresión de masculinidad
en las
mujeres, pero, sobre todo, el afeminamiento en los hombres, la
homosexualidad y
la transexualidad.
La
negación de derechos se agudiza y alcanza sus niveles de
discriminación y violencia más altos cuando las
personas son “trans”,
pues no entran en el modelo de “normal, aceptable y
deseable”; es decir, son
personas que carecen de alineación entre su sexo,
género, práctica y deseo.
La
psiquiatría hoy día, para entender la
transexualidad
refuerza las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres como
elementos
fijos e inmodificables, enraizados en causas puramente
biológicas. “Desde esta
base, se considera que el deseo del paciente de pertenecer al
género contrario
es inmodificable, por lo que ninguna terapia que intente cambiarlo
será
efectiva y se sostiene que la mejor solución para acabar con
su sufrimiento es
facilitar la transformación corporal”
(Coll-Planas, 2011, p. 17). Esto
nuevamente patologiza lo diferente, lo no binario, y aunque la medicina
ha
aceptado ahora intervenir en la transformación de los
cuerpos cambiando el sexo,
administrando hormonas, etcétera, es impensable trascender
el paradigma del
trastorno. Así, el discurso patologizante puede penetrar
materialmente en el
espesor mismo de los cuerpos sin tener incluso que ser sustituidos por
la
representación de los sujetos, a través del
proceso de socialización y de
medicalización. Existe, desde el espacio público
hasta la encarnación y subjetivación
en los sujetos, pasando por el espacio privado, una red de biopoder, de
somatopoder
que es, al mismo tiempo, una red a partir de la cual nace la sexualidad
como
fenómeno histórico y cultural en el interior, de
la que nos reconocemos y nos
perdemos a la vez (Foucault, 1979, p. 156).
Ahora
bien, haciendo del poder la instancia del control y la
generación de prohibiciones y regulaciones sobre el cuerpo,
se está abocando a
una doble “subjetivación”: el poder, del
lado en el que se ejerce, es concebido
como una especie de gran Sujeto absoluto —real, imaginario o
jurídico, poco
importa— que articula la prohibición:
soberanía del padre, del monarca, de la
voluntad general, del hombre heterosexual. Y del lado en el que el
poder se
sufre, se tiende, igualmente a “subjetivarlo”,
determinando el punto en el que
se hace la aceptación de la prohibición, el punto
en el que se dice “no” al
poder; y de este modo se supone la renuncia a los derechos naturales,
al
contrato social, a la ciudadanía (Foucault, 1979, p. 169).
La
noción de disciplinarización es de suma ayuda
para
explicar este mecanismo de subjetivación, ya que como
señala el autor, ésta “garantiza
la sujeción constante de sus fuerzas y les impone una
relación de
docilidad-utilidad […] llega[n]do a ser [...]
fórmulas generales de dominación
[...] La disciplina disminuye las fuerzas del cuerpo en
términos de obediencia
política, disocia el poder del cuerpo” (Foucault,
2005, pp. 159-160).
Estos
mecanismos psicológicos y sociales de regulación
de la
conducta instituidos desde los siglos xvii
y xviii
prevalecen hasta la
actualidad, reproduciéndose en las principales instituciones
sociales de la
modernidad: la familia, la escuela, la religión y el Estado,
permitiendo así
que se mantenga la discriminación de manera informal y, a
veces,
autoinflingida, llevando a las personas lgbttti
a constituirse a sí mismas como garantes del
disciplinamiento a costa de la
vulneración o negación de los derechos a los que
como ciudadanas deberían aspirar
(Foucault, 1979, p. 106).
¿Podemos
ser ciudadanos? Ciudadanía liberal versus
ciudadanía
sexuada
El
discurso de la democracia liberal tiene como aspiración
“una sociedad en la que la gente se apoye entre sí
con mutuo respeto y en la
que todas las relaciones, no importa lo pequeño o
íntimo del contexto, están
impregnadas del principio de que cada persona tiene igualdad
peso” (Phillips, 1998,
p. 331).
La
democracia tiene como elemento primario la noción de
ciudadanía; la primera sólo es posible porque
encuentra su existencia y su
razón de ser en la segunda. La ciudadanía
significa pertenecer a una
colectividad, y al ser parte de esta comunidad se adquieren derechos y
deberes.
Concretamente, los derechos están vinculados con lo
político, con lo cual las
personas adquieren existencia en el espacio público; sin el
goce de estos
derechos, las personas de una sociedad no pueden intervenir en los
asuntos del
Estado.
Estas
definiciones de democracia y de ciudadanía
plantean una supuesta realidad asexual, desgenerizada y, en
consecuencia,
descorporalizada. Para ser ciudadanos y estar en la vida
pública es necesario
“dejar atrás los cuerpos”,
olvidándosele así a la democracia liberal que no
hay
individuos de género neutro.
La
noción de ciudadanía nació desde un
inicio con una
etiqueta elitista y exclusiva: ¿Quiénes eran
ciudadanos? Los hombres, de sexo
masculino, que gozaran de propiedad privada y que fueran normales y
sanos; esto
último está vinculado con los discursos de
regulación desde lo médico, religioso
y jurídico que en los albores del surgimiento del Estado
moderno marcaron la
pauta sobre los cuerpos, prácticas e identidades que
podrían considerarse
valiosas, dignas de ser reconocidas y, sobre todo, normales.
Tuvieron
que pasar varios siglos para que la noción de
ciudadanía fuera dando cabida a más cuerpos.
Desde finales del siglo xviii,
las mujeres blancas,
heterosexuales, de clase media, emprendieron la lucha por la demanda de
derechos civiles, y no sería hasta entrado el siglo xx cuando las
mujeres ganarían ciertos derechos políticos
básicos como el sufragio y el derecho a la propiedad privada.
Sin
embargo, otros cuerpos continuaron quedando desdibujados
de la noción de ciudadanía: indígenas,
migrantes, homosexuales, lesbianas,
bisexuales, personas trans e intersexuadas. Y es que en el siglo xx se
pasó de una idea de ciudadanía
androcéntrica a una binaria, donde persistían las
estructuras económicas y
políticas de las sociedades, otorgando altos grados de
segregación racial y
sexual. Esto permite observar que la democracia y, en consecuencia, la
ciudadanía, son constructos sociales definidos por grupos
específicos que
poseen intereses. Así lo expone Anne Phillips (1998):
“cuando un grupo está
sistemáticamente infrarrepresentado, algún otro
grupo está obteniendo más de lo
que le corresponde” (p. 323).
Judith
Butler (2011), por su parte, señala que en el espacio
público se generan disputas acerca de quién o
quiénes pueden aparecer, porque
es donde se reconfiguran las ciudadanías y se validan. En
este sentido, se
sobreentiende que la democracia representará sólo
unos cuerpos.
[...]
lo que el
liberalismo considera un “individuo” debe ser
repensado como un sujeto forjado
por las normas, sometido a normas identitarias, y habilitado en el
espacio
político precisamente a través de esa
regulación y ese sometimiento. (Butler,
2011, p.12)
Es
decir, históricamente y de manera reiterada, el
planteamiento de que hombres y mujeres —sin importar
orientación sexual,
identidad, expresión sexogénerica,
condición socioeconómica, color de piel,
creencia religiosa, etcétera— participen en igual
medida y en “igualdad de
condiciones” en la vida pública de estas
sociedades democráticas ha resultado
ser idílico, por lo menos para las personas que no entran en
el modelo de ciudadanía
dominante que, además, se ha considerado como neutral.
Ejemplos de ello los
podemos encontrar en los códigos civiles que estipulan el
registro del sexo del
infante al nacer:
“Al nacer la primera identidad
social y política que tenemos está en
función del sexo biológico [...] Tener vagina
o pene nos determina como niña o niño.
Así esta primera forma de clasificación
pasa por reconocer nuestra naturaleza biológica, a la vez
que socialmente nos
va ubicando como seres masculinos o femeninos”
(Argüello, 2014, p. 114). Bajo
esta consideración, un “simple”
trámite burocrático ejecutado de forma
mecánica, realizado en una oficina, tiene una trascendencia
mayor, ya que al reconocer
legalmente la asignación de un sexo, también se
está delimitando a qué derechos
y en qué calidad podrá acceder el infante durante
su trayecto de vida. En la
primera etapa de la infancia repercutirá por lo menos en el
acceso a servicios
de salud, educación y seguridad social. Esta
situación se torna especialmente
problemática para las personas intersexuales o para las que
no pueden acceder a
este registro por diversos motivos.
Aquí
cabe destacar de manera particular el caso de las
personas intersexuales, ya que, de acuerdo con los protocolos
existentes, es
necesario asignar un “sexo verdadero” (hombre o
mujer) determinado médicamente;
esto representa una patologización de la intersexualidad y
justifica la
intervención a sus cuerpos —que va desde la
cirugía hasta la administración de
hormonas—, lo que implica, además, un proceso de
“adaptación” social de las
niñas y niños, muchas veces largo y doloroso,
donde los progenitores sólo avalan
o acatan la decisión médica (Argüello,
2014, p. 115).
Por
otro lado, tenemos los códigos civiles que consideran al
matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer con
fines procreativos;
una vez más, éstos están fundamentados
en la diferencia biológica y en la
legitimación cultural, política y
económica de la desigualdad que estipula el
sistema sexo-género a través de la
reproducción del modelo de familia nuclear
heterosexual; con ello, niegan a las parejas del mismo sexo no
sólo la
posibilidad de contraer matrimonio, sino también de otros
derechos vinculados con
éste, como la afiliación de la pareja a un
sistema de seguridad social, la
obtención de una pensión o seguro de vida
—en caso de viudez—, o la adopción de
hijos en pareja, por mencionar los más representativos.
En
cuanto a las personas trans, una de las problemáticas
más
recurrentes a las cuales se ha enfrentado esta población ha
sido la
imposibilidad de tener identificación civil avalada por el
Estado. La
identificación de estas personas no tiene concordancia entre
su sexo biológico
y su identificación de género. Sus nombres no
concuerdan con su sexo, y en
algún momento de sus vidas, sus fotos/imágenes de
identificación suelen no
corresponder tampoco; es decir, se les niega el derecho al libre
desarrollo de
la personalidad y a la autodeterminación de su identidad
sexogenérica al ser
distinta al sexo-género asignado al nacer, o para hacerlo
requieren de su
patologización y medicalización (Coll-Planas,
2011).
La
resistencia del Estado para reconocer y garantizar el
derecho al reconocimiento de la identidad de género, a la
unión legal entre
personas del mismo sexo, a su existencia sexuada en los espacios
públicos de
las personas no-normativas, deriva en su precarización de
vida, violencia
sistemática y, en consecuencia, su condición
ciudadana es casi nula. En 2012,
la Organización Internacional del Trabajo (oit)
puso en marcha el proyecto “Pride”, con el objetivo
de realizar estudios sobre
la discriminación contra los trabajadores y las trabajadoras
lgbttti
alrededor del mundo. Dicha
investigación arrojó que las personas
transexuales son las que enfrentan las
formas más severas de discriminación laboral,
debido a que no cuentan con un
documento de identidad que refleje su género y su nombre; la
reticencia de las
personas empleadoras a aceptar su forma de vestir; la
disuasión de utilizar
baños acordes con su género; y presentar una
mayor vulnerabilidad al
hostigamiento y el acoso por parte de sus compañeros de
trabajo (Marjane,
2017).
Por
estas razones, las personas trans se ven excluidas del
empleo formal. En el caso concreto de las mujeres transexuales, la oit afirma,
en su estudio, que la única
estrategia de supervivencia que les queda es el trabajo sexual,
situación que
necesariamente impacta en los indicadores de pobreza de los
países, aunque
estas personas sean negadas como ciudadanas.
Bajo
esta considercación, el tipo de ciudadanía al que
hace
alusión la democracia liberal es fundamentalmente
heteronormativa, masculina,
blanca y de clase media. Es decir, y de acuerdo con Lind y
Argüello (2009), ésta
“se estructura a partir de reglas y normas que otorgan
mayores privilegios a
los individuos heterosexuales que a los individuos no-normativos, sean
estos gays,
lesbianas, bisexuales, transexuales o personas
transgénero” (p. 13), por lo que
es necesario repensar la noción de ciudadanía
desde un enfoque incluyente que
debilite las formas exclusivas desde las cuales se constituye; y en ese
tenor
está la ciudadanía sexuada.
Es por ello que diversos movimientos
sociales, excluidos de la normatividad impuesta por la democracia
liberal, han
hecho visible y demandado que la democracia no ignore la diferencia
sexual ni
las otras diferencias que atraviesan el cuerpo, y que muchas veces
tienen como
consecuencia la anulación como ciudadanos en el modelo de
democracia vigente. Es
decir, el modelo democrático tiene que reconceptualizarse
llevando en mente la
diferencia. La democracia tiene que tratar con el nosotros
y los otros
no sólo como individuos, sino reconociéndolos
como grupos sexuados, para lo que
es necesario transformar también el diseño del
marco legal y la elaboración de
las políticas públicas, pues son estas
estructuras las que establecen las
pautas de convivencia social y validan el reconocimiento de cuerpos en
la vida
cotidiana para permitir su participación en la vida
pública.
Estas
luchas por la ciudadanía sexual, en lo que respecta a
América Latina, no son del todo nuevas; no obstante, las
demandas por derechos
sexuales y ciudadanía sexual surgieron recientemente en la
década de 1990. De
acuerdo con Evans (2007), esta ola de demandas está
propiciada por diferentes
factores: el aumento de la movilización de activistas contra
la homofobia y la
transfobia en la región, que, a su vez, se han sumado a
otros movimientos más
amplios de justicia global que critican la globalización, el
neoliberalismo y
las formas de estratificación social; el aumento de grupos
conservadores de
orden religioso y político que influyen con el objetivo de
obstaculizar o
revertir la formulación y puesta en práctica de
programas y leyes sobre
derechos reproductivos, particularmente con respecto al aborto; la
proliferación de redes transnacionales que insertan los
derechos sexuales al
marco de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza; y las
coyunturas
políticas que han dado pauta a la discusión de
derechos sexuales dentro de las
políticas públicas y reformas legales,
concretamente las oportunidades que han
dado en este sentido los gobiernos de izquierda.
En
este sentido, la lucha por la ciudadanía necesariamente
obliga a mirar los cuerpos y a respetar, desde el espacio
público, la libre
determinación como seres sexuales, así como la
libertad de expresión sexual, de
género, el derecho a controlar el propio cuerpo y, por ende,
entender que
existe una soberanía del cuerpo.
Es
importante subrayar que la sexualidad siempre ha estado
confinada al espacio privado (como lo han sido el género y
las mujeres) y, por
tanto, ha quedado fuera del ámbito cívico y
político. Así, es muy fácil que las
democracias modernas constituyan una idea de ciudadanía
donde no existen las
personas no normativas y, en consecuencia, es imposible que existan
derechos
políticos y civiles para ellas: lo que no se nombra no
existe. En este tenor,
Plummer (2001, p. 238) señala cómo muchos
aspectos de la “vida personal” se
quedan al margen de derechos, obligaciones, reconocimiento y respeto
como: con
quién vivir, cómo educar a los hijos,
cómo disponer del cuerpo, cómo
relacionarse como un ser con género, cómo ser una
persona erótica (Lind y
Argüello, 2009).
En
términos jurídicos, la sexualidad se ha ubicado
en dos
categorías: lo “respetable” o lo
“criminal”:
Las
leyes sexuales establecidas en toda América Latina durante
el periodo colonial
o a principios de la República ya establecían
esta división entre buenos y
malos, puros y contaminados [...] Las leyes contra la
sodomía, la prostitución
y la mezcla de razas trabajaron de la mano para construir el ideal de
ciudadano
español o de origen mestizo, de clase media o alta,
respetable y heterosexual.
(Clark, 2001; Guy, 1991; Prieto, 2004; citados en Lind y
Argüello, 2009, p. 14)
Bajo
este entendido jurídico que permeó las
prácticas
cotidianas, no únicamente la homosexualidad es denigrada,
sino todas las
prácticas sexuales relacionadas con el sexo por placer,
múltiples parejas
sexuales, o el sexo fuera de las relaciones matrimoniales.
Así, el imperio de
la heteronormatividad no sólo regula las
prácticas homosexuales, lésbicas,
bisexuales, sino que también controla las
prácticas heterosexuales mediante la
jerarquía moral de ciudadanos sexuales buenos y malos.
¿Ejercer
nuestros derechos? ¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Con quién?:
Performatividad,
resistencia y agencia lgbttti
En
el abordaje del ejercicio de la ciudadanía de las personas
lgbttti,
es necesario comprender
el poder en términos foucaultianos como un elemento
constitutivo presente en
distintos niveles y dimensiones en todas las relaciones sociales y
políticas; que
no se está nunca “fuera”, que no hay
“márgenes” para la pirueta de los que
están en ruptura; que no existe una forma inabarcable de
dominación o un
privilegio absoluto de la ley; es decir, no se puede estar
“fuera del poder”, no
se puede estar de todas formas atrapado bajo los regímenes
reguladores de la
vida, el cuerpo, la conducta, la sexualidad; los sujetos pueden asumir
un rol
activo y ejercer resistencia, pues como lo expresa este autor,
No
existen
relaciones de poder sin resistencias; que éstas son
más reales y más eficaces
cuando se forman allí mismo donde se ejercen las relaciones
de poder; la
resistencia al poder no tiene que venir de fuera para ser real, pero
tampoco
está atrapada por ser la compatriota del poder. Existe
porque está allí donde
el poder está; es pues como él,
múltiple e integrable en estrategias globales.
(Foucault, 1979, p. 171)
En
este interjuego entre el poder y las resistencias en el
campo de las ciudadanías sexuadas resulta relevante
aproximarnos al enfoque de
“construcción de las identidades”, el
cual remite a una de las discusiones
básicas de la sociología: el orden se logra a
partir del agente o de la
estructura. No obstante, el enfoque constructivista ha posibilitado la
creación
de herramientas analíticas para advertir que las identidades
se sitúan a la
mitad del camino entre las relaciones de agencia y estructura.
Esto es, las identidades obedecen a órdenes normativos, pero
están también
acompañadas de la emergencia de actores sociales que
interpelan dichos órdenes.
Las identidades se ubican dentro de las estructuras de
dominación, pero aun
dentro de este constreñimiento son capaces de moverse y
replantearse. “De allí
que cuando nos posicionamos en una perspectiva constructivista, lo
hacemos para
comprender y situar el carácter histórico, social
y político de las identidades
(en nuestro caso, sexuales y de género). Se trata de una
aproximación analítica
que implica abrirnos hacia las diferenciaciones identitarias en tanto
construcciones sociales contingentes” (Argüello,
2013, p. 176).
Las
identidades son “construcciones sociales” y, por
tanto,
no pueden escapar de la constante configuración y
reconfiguración que se dan de
acuerdo con las relaciones de poder dentro de las cuales se enmarcan.
Así, las
identidades no son esencias, sino relaciones entre un álter
y un ego (Calhoun,
1994; Giménez, 2000; citados en Argüello, 2013).
Respecto
a las identidades sexuales, hay que reconocer el
papel que tuvieron los aportes de los distintos postulados del
feminismo y los estudios
de género para cuestionar los supuestos naturalistas y
esencialistas que
imperaban en la atribución de roles femeninos y masculinos,
cuestionamiento que
está en la base de la reflexión sobre las
sexualidades.
Los
feminismos, y posteriormente los estudios de género y de
diversidad sexual, “desnaturalizaron” los roles y
espacios sociales
diferenciados para hombres y mujeres, y posicionaron la
reflexión sobre un
orden estructural patriarcal que oprimía a las mujeres y las
personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. La
concepción de Simone de
Beauvoir sobre que “la mujer no nace, se hace”,
apuntaló las bases para la
posterior reflexión sobre la construcción
cultural del género y la sexualidad.
El
lema de los feminismos de las décadas de 1960 y 1970,
“lo
personal es político”, revela muy bien el
carácter político de los asuntos
“privados” e interpela la contundente
línea entre el espacio público y privado.
Por su parte, el análisis de Butler sobre el sexo, el
género y el deseo
permitió cuestionar el pensamiento binario propio del
sistema sexo-género
occidental.
En
cuanto a las luchas frente a los Estados democráticos por
el reconocimiento de identidades, la despatologización, la
descriminalización y
la consecución de derechos políticos, como las de
la población lgbttti,
Foucault señala que para que no
fracase el proceso revolucionario que éstas suponen para el
modelo de
democracia vigente, una de las primeras cosas que deben comprenderse es
que el
poder no está localizado por completo y de forma inamovible
en el aparato del
Estado, y que “nada cambiará en la sociedad si no
se transforman los mecanismos
de poder que funcionan fuera de los aparatos de Estado, por debajo de
ellos, a
su lado, de una manera mucho más minuciosa,
cotidiana” (Foucault, 1979, p.
108). Es decir, si desde lo cotidiano, desde la performatividad se
consigue
modificar estas relaciones de dominación, control,
patologización del cuerpo y
la sexualidad, o se hacen intolerables los efectos de poder que en
ellas se
propagan, se dificultará enormemente el funcionamiento de
los aparatos de
Estado en tanto dispositivos disciplinarios y reguladores del cuerpo y
la
sexualidad.
De
acuerdo con Butler (2011, p. 13), “La teoría
performativa
del género se entiende comúnmente como la
repetida puesta en acto de normas
sociales en —y a través de— la vida del
cuerpo, haciendo hincapié en las normas
genéricas que producen a los sujetos que pueden, bajo
ciertas condiciones,
encontrar maneras de resistir o resignificar esas normas”;
dichas normas,
además, están estructuradas por
fantasías dominantes o imaginarios (sexistas y
heteronormativos) que introducen inestabilidad en los mismos sujetos
que buscan
regular. Es en esta reiteración cotidiana de actos de
resistencia (performance)
frente a las normativas sobre el cuerpo, la sexualidad y la
expresión de género,
que se vuelve un objetivo posible su transformación; en este
mismo sentido, la
visibilización y demanda reiterada de derechos de la
población lgbttti
frente a las instituciones del
Estado contribuye a su reconocimiento en tanto ciudadanos que no han
sido
reconocidos. Es por ello que aquellos cuerpos y placeres que no logran
ajustarse a las operaciones imaginarias de la ley, como los de las
mujeres, los
de la población lésbico, gay, bisexual, travesti,
transgénero, transexual e
intersexual, los de personas indígenas, migrantes,
discapacitados, exponen esos
imaginarios como contrademocráticos y violentos al ser
excluidos,
invisibilizados o discriminados por ellos, desarrollando modalidades
alternas
para la vida sexual y la existencia corporal, convincentemente
relacionales,
que van en contra e impugnan la regulación de la identidad y
la restricción
tanto del poder político como de los ideales
democráticos en el nombre de una
democracia más radical que les incluya, les permita
participar en la vida
pública del Estado y, sobre todo, les permita ejercer sus
derechos civiles y
políticos fundamentales.
La
resistencia y performatividad de las personas miembros del
colectivo lgbttti
en búsqueda de
reconocimiento, respeto y el ejercicio de derechos desde la
cotidianidad, pueden
cobrar distintas formas desde lo individual, lo grupal y lo colectivo;
resistencias que se fortalecen de forma dialéctica. Desde la
resistencia y
postura política individual se busca impactar desde el
espacio privado y el
contexto próximo al individuo a través de la
expresión de su subjetividad, que
implica, en un primer momento, gustos musicales, formas de vestir, de
hablar,
amistades, pareja, elección de proyectos de vida y
profesionales, pero que va
más allá: hacia la búsqueda de
servicios públicos de salud, educación,
vivienda, empleo, seguridad social, de múltiples
trámites como el matrimonio,
el cambio de identidad sexo-genérica, la
medicalización despatologizada, el
ejercicio del trabajo sexual descriminalizado, demandas que, al
adquirir un
carácter grupal y colectivo, buscan posicionarse en la
agenda pública del
Estado.
Muchos
de estos esfuerzos de resistencia desde lo individual
son acompañados desde los grupos de liberación lgbttti
que trabajan por la búsqueda de reconocimiento
público y legal y por la
reducción del estigma social. Asimismo, existe una
construcción simbólica en
torno a las personas de este colectivo que
lucha, en estos mismos términos y a nivel cultural, a
través de los discursos
emitidos por los medios de comunicación, las nuevas
tecnologías de la
información y otras industrias culturales, de los esfuerzos
de los grupos y de
los sujetos individuales, por encontrar un reconocimiento social y
político
equitativo al reconocimiento con el que cuentan las personas
heterosexuales.
Asimismo,
es importante reconocer que no para todas las
personas de esta población resulta igualmente factible la
asunción de esta
postura performativa de resistencia, o al menos no en el mismo nivel;
ésta
muchas veces está supeditada a las condiciones sociales,
políticas, económicas,
geográficas, entre otras, que hacen mucho más
factible para algunas personas y
mucho más complicado para otras el asumir una postura de
reivindicación de
derechos. Y es que no es lo mismo, por ejemplo, ser lesbiana y
pertenecer a un ámbito
rural, que serlo en una megalópolis. De igual forma, no es
lo mismo ser un
hombre obrero homosexual sin acceso a información clara,
despatologizada,
reivindicativa de derechos, sin una red de apoyo, que ser un hombre gay
con una
formación en estudios de género o derechos
humanos, activista y con una red de
colaboración en lo personal y profesional que visibilice,
respete y promueva
los derechos de las personas no heterosexuales.
Esto
no quiere decir que se esté sólo de un lado o del
otro,
aceptando el peso de la estructura. Lo que se debe tener en cuenta es
que las
personas son agentes, y que ellas pueden estar en situaciones en que
consideren
factible, seguro, fructífero y conveniente visibilizarse
como lgbttti,
y otras en que decidan que lo
mejor es omitir esta información para mantener desde su
integridad física hasta
su estatus social o político.
En
este orden de ideas, la familia merece una alusión
específica. Resulta relevante el papel de la performatividad
y resistencia en
el proceso de socialización de la familia, ya que, de
acuerdo con Heller y
Fehér (1995), es el primer movimiento político
que propugna una
desnaturalización de la familia desde dentro; en esta
desnaturalización se
encontraría, por ejemplo, la de la atmósfera
emotiva que, según la norma, se
considera uno de sus elementos “naturales”;
asimismo, se encontraría la
desnaturalización del patriarcado, de la
socialización y violencia de género,
de la reglamentación de la sexualidad y del cuerpo.
Adicionalmente,
dichos autores señalan que, hasta el momento,
esto se hizo desde fuera, a través de movimientos en el
espacio público:
Pero
ahora la
batalla se libra desde el propio espacio que la familia ocupa, en la
vida
diaria, y sólo pasa desde allí al espacio
público. Los movimientos han
planteado hasta ahora cuestiones absolutamente fundamentales, como el
fin del
patriarcado, la equiparación de los sexos y la pauta
cambiante de los papeles
sexuales dentro de la familia, la violencia intrafamiliar, los derechos
de los
niños y temas similares. (Heller y Fehér, 1995,
p. 51)
En
esta batalla consideramos que también se debe contemplar
la búsqueda de reconocimiento y de libertad de las
minorías sexuales desde el
espacio interior de la familia, a través de acciones como la
salida del clóset,
la reivindicación como persona trans o intersexuales, que
desde la vida
cotidiana buscan cuestionar simbólicamente el orden sexual
impuesto mediante la
estructura familiar tradicional. Bajo esta perspectiva, consideramos
que
gracias a estos actos performáticos de resistencia
también se podría llegar a
cuestionar la heteronormatividad que desde la familia consolida a la
heterosexualidad y a la biología como parte de lo que
siempre se ha considerado
“natural” y que, sin embargo, no debe seguir
siéndolo si es que como sociedad
queremos alcanzar el ideal de libertad y democracia que la modernidad
prometía.
De
la anormalidad a la performatividad
Las
personas lgbttti
han tenido que sortear una larga historia de estigmatización
que va de lo
pecaminoso, abominable, desviado, anormal, patológico,
incluso hasta lo
criminal. Tuvieron que surgir múltiples movimientos y
discursos de resistencia
desde lo individual y lo colectivo a nivel teórico,
político y social para
cuestionar las etiquetas que, hasta entonces, habían sido
impuestas por los
grupos dominantes y que dejaban a estas personas invisibilizadas
—en el mejor
de los casos—, o hasta llegar a ser criminalizadas y
sancionadas por el Estado —en
los casos más extremos—.
A
pesar de los cambios legales y sociales alcanzados, sigue
pesando sobre el imaginario colectivo una representación que
mengua la
ciudadanía y dignidad de las personas no heterosexuales,
situación que lleva a
las personas lgbttti
a ejercer una
ciudadanía desde la performatividad; es decir,
según la situación o el
contexto, ejercen su ciudadanía desde la sujeción
al modelo heternormativo
dominante o desde la libertad sexual que visibiliza y reivindica la
diferencia,
sin alcanzar aún los derechos políticos plenos de
los cuales goza cualquier
persona normada desde los parámetros de la democracia
liberal.
Y
es que pensar las ciudadanías desde lo corpóreo
es algo
todavía distante de la realidad. La vida, el sexo, el
cuerpo, la sexualidad y
el erotismo siempre han sido administrados por el Estado; todo el orden
político-gubernamental está adiestrado para
ordenar los cuerpos-sexos y darles
cauce desde una lógica binaria “perfectamente
entendida y naturalizada”; todo
el ordenamiento político sobre la sexualidad ha permeado en
la totalidad de la
vida cotidiana de las personas. La forma como el Estado ha penetrado en
lo más
íntimo de la vida de las personas a través de los
mecanismos religiosos,
morales, legales, educativos y culturales ha sido tan eficaz y exitosa,
que la
propia población ha llegado a tener la capacidad de
autocontrolarse a través de
la rutinización de las prácticas reguladoras
sobre la sexualidad y a reproducir
los discursos “naturales” sobre el sexo.
El
autocontrol ha sido un dispositivo tan exitoso que los
cuerpos no normados han aprendido a negociar con él. Muchas
personas lgbttti
han normalizado vivir su
sexualidad desde la clandestinidad que otorga “la vida
privada”, y en el
espacio público recatar su orientación sexual,
identidad y expresión de género
para hacerse sujetas de derechos políticos y civiles. No
obstante, esto se hace
factible para los cisgénero,
no así para las personas trans,
quienes aun han aprendido a “moderar” su
expresión de género para ser aceptadas
en la medida de lo posible; incluso sus trabajos como sexoservidoras es
una
práctica laboral marginal pero aceptada por el sistema
patriarcal, a la cual se
ven obligadas a recurrir para salvaguardar su sobrevivencia.
Bajo
estas consideraciones, es necesario realizar una
investigación empírica profunda sobre las
prácticas performativas que en la
cotidianidad las personas lgbtttti
ejercen para disociar los escenarios en los que es posible
visibilizarse y en
los que no, y plantearnos las siguientes interrogantes:
¿Qué permite hacerlo?
¿Qué lo obstaculiza? ¿Siguen siendo
educados en el miedo, la vergüenza o la culpa
por no ser heterosexuales? ¿Qué
“beneficios” puede tener el anonimato?
¿Qué
costos tiene la visibilidad? ¿En qué espacios es
más fácil visibilizarse y en
cuáles es más complicado?
¿Qué derechos es posible exigir y desde
qué
performatividad? ¿Cómo se posicionan en el
espacio público?
Los
avances logrados por los movimientos políticos y los
estudios académicos sobre diversidad sexual en
búsqueda de derechos, así como
la visibilidad y reivindicación de personas lgbttti
en lo individual desde la cotidianidad, han reclamado al Estado la
deuda que
aún tiene para reconocer, responder y garantizar a esta
población los mismos
derechos que se les brinda a las personas heterosexuales. La respuesta
no ha
sido positiva y mucho menos pronta; existen múltiples
resistencias, tanto de
movimientos sociales conservadores como desde el ámbito de
la política y la
administración pública, llegando incluso, en
algunos contextos, a reforzar
leyes y códigos civiles homofóbicos y
transfóbicos.
En
esta dialéctica entre la agencia y la estructura, es
fundamental que el Estado logre reconocer y garantizar los derechos
plenos de
las personas lgbttti
en la
normatividad, en la administración e impartición
de la justicia, y en la
construcción de política pública, y
que lo haga con la clara conciencia de que
son parte del conjunto de la población y que la violencia a
sus derechos y
precarización de su vida económica, social y
emocional le resta consolidación a
la formación de una ciudadanía integral y
comprometida con su colectividad y,
por ende, al proyecto democrático.
No
obstante, todo esto pretende ir acompañado de una
política
pública que garantice: 1) la
difusión de información clara, objetiva y
despatologizante,; 2) la apertura en medios de
comunicación y
tecnologías de la información para lograr que las
nuevas generaciones puedan
visibilizar de forma permanente, en todos los espacios de la vida
social, su
orientación sexual e identidad sexo-genérica, sin
temer nunca más represiones o
negación de derechos; y 3) la
socialización en las nuevas generaciones
de familias, desde parámetros que cuestionen el sistema
sexo-género binario,
permitiendo el libre desarrollo de la personalidad, cuerpo y sexualidad
de sus
miembros.
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Ericka
López Sánchez.
Mexicana.
Doctora
en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad
Iztapalapa; Maestra en Sociología Política por el
Instituto de Investigaciones
Dr. José Luis Mora; Licenciada en Periodismo y
Comunicación Colectiva por la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Profesora-investigadora en el Departamento de
Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de
Guanajuato. Sus temas de
interés e investigación son:
ciudadanías sexuadas, cultura política y
metodología cualitativa. Entre sus publicaciones se
encuentran: (2016). Crisis
en la enseñanza de la metodología cualitativa.
Revista Andamios, 13(31);
y (2016). Entre la actividad social del feminismo y la
investigación científica.
En V. Góngora Cervantes y R. Vázquez Valenzuela
(Coords.), Perspectiva de
género en la práctica educativa de la Universidad
de Guanajuato. Aproximaciones
feministas. México: Universidad de Guanajuato.
Abraham
Nemesio
Serrato Guzmán.
Mexicano.
Maestro
en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de
Baja California, y
Licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Guanajuato Campus
León.
Actualmente se desempeña como coordinador del Programa
Institucional de
Igualdad de Género de la Universidad de Guanajuato. Sus
áreas de interés e
investigación están enfocadas a familia y
homosexualidad, homofobia, estudios
de género, e intervención social. Entre
sus publicaciones se citan: (2016). Yo
nunca iba a salir del clóset. Matrimonio y paternidad de un
hombre homosexual.
En I. J. Jasso Martínez, B. Lamy y V. Freitag (Coords.), Actores
sociales
emergentes. México: Fontamara; y Serrato
Guzmán, A. y Balbuena Bello, R. (2015,
julio-diciembre). Calladito y en la oscuridad. Heteronormatividad y
clóset, los
recursos de la biopolítica. Culturales, 3(2).
https://orcid.org/0000-0001-9929-5942
