Introducción

La primera mitad del siglo XIX se caracterizó por la inestabilidad política, económica y social en el México independiente y Yucatán no estuvo ajeno a este contexto. La confrontación entre las facciones ideológicas requirió el apoyo de los mayas a cambio de reducir sus cargas fiscales (véase Flores, 2010).  En la década de 1840, la península estuvo separada de la república mexicana y declaró su neutralidad durante la invasión norteamericana (véase Campos, 2002). Sin embargo, el incumplimiento hacia los indígenas propició un enfrentamiento armado conocido como la guerra de castas, cuyo periodo más álgido se presentó entre 1847 y 1850.[1] Las tropas rebeldes incendiaron los sembradíos de las unidades productivas por lo que además de la mortalidad en los campos de batalla, la escasez de maíz incrementaba el riesgo de una crisis de subsistencia y, por lo tanto, una hambruna generalizada.

La ausencia de productos agrícolas también fue consecuencia de fenómenos meteorológicos, enfermedades epidémicas[2] y las migraciones internas. Eran conocidos como calamidades[3] e incidieron en la evolución demográfica de la península yucateca durante el periodo colonial (Cook y Borah, 1977 y García, 1978).  Nancy Farriss menciona que “la región estaba expuesta a huracanes que podían destruir toda la cosecha de un año, así como a periodos de sequía, que se producían cuando las lluvias de verano eran demasiado escasas o caían todas juntas; para complicar aún más el panorama colonial, las temporadas secas solían verse acompañadas de plagas de langostas” (1984, p. 106). Por lo general, las hambrunas se producían por una distribución ineficiente de víveres y, en ocasiones, se tenían que importar granos, que provenían tanto de la Nueva España, como de poblados que formaban parte de los Estados Unidos.[4] Los principales receptores de este producto se encontraban en Campeche y Mérida, pero ante la escasez, los tratantes de grano y las autoridades se dirigían al campo para adquirir el maíz disponible. Esto generaba el acaparamiento y otras prácticas ilegales para la venta del producto. Sin embargo, la gente que vivía en los asentamientos más populosos podía acceder a la caridad privada y a la entrega pública del grano (Farriss, 1984).[5] Estas prácticas se repitieron durante la primera mitad del siglo XIX.[6]

Además de las causas naturales[7] la escasez de víveres puede darse por intervención del hombre. Este artículo analiza la reacción de las autoridades de la ciudad de Campeche ante una crisis agrícola causada por un conflicto armado. En primer lugar, presentaré datos del distrito y la ciudad de Campeche respecto a la población, así como de sus actividades económicas, las cuales estaban en riesgo. En segundo lugar, describiré los acontecimientos más destacados que se suscitaron en el puerto, la situación de alarma y las noticias del avance de los rebeldes. Por último, destacaré las medidas para contrarrestar la carestía de granos, las fuentes de abastecimiento y las dificultades para su distribución.

Se parte del concepto de vulnerabilidad, entendido como el riesgo de sufrir daños a partir de una serie de fenómenos por acontecimientos de orden externo, en este caso, un conflicto armado, que si bien, la vulnerabilidad disminuye en intensidad, los efectos pueden prolongarse y generar desastres. (Labrouneé y Gallo, 2005). Sin embargo, estos sucesos pueden mitigarse con medidas preventivas (Sánchez y Egea, 2011). La mitigación burocratizada se define como las acciones desarrolladas por los funcionarios del Ayuntamiento campechano,[8] quienes a través de comisiones y la creación de Juntas de Auxilios “asumen como parte de sus tareas dicha labor y que la ejercen de manera autoritaria o paternalista por encima de las creencias, convicciones y costumbres de una sociedad” (García, 2008, pp. 49-50), pero solamente se realizaban en una coyuntura de crisis. En un marco social,[9] la vulnerabilidad es un concepto dinámico en el que entran en juego tanto las circunstancias externas, como la capacidad de reacción de los implicados (Labrouneé y Gallo, 2005). [10]

Para la elaboración de la investigación, en primer lugar, utilicé información relacionada con el distrito, el partido y el puerto de Campeche, que permitió una descripción de las actividades económicas de esta zona, así como los antecedentes inmediatos al conflicto. Los impresos, como las memorias de gobierno, reportes de estadística y testimonios de viajeros, fueron esenciales en estos apartados. En segundo lugar, revisé los expedientes de los archivos generales de Yucatán y Campeche, relativos a los acontecimientos de la guerra de castas en las inmediaciones del puerto, el apoyo a los refugiados y las disposiciones para mitigar la escasez de maíz.

El distrito de Campeche y el puerto

En 1846, Yucatán se dividía en 5 distritos y cada uno de ellos en partidos. El correspondiente a Campeche tenía 5 partidos: Campeche, Carmen, los Chenes, Hecelchakán y Sabancuy (mapa 1).

Mapa 1. Distrito de Campeche. 1861.

Fuente: Taracena y Pinkus (2010).

El número de habitantes se estimaba en 82 232 personas (tabla 1) y la mayor densidad de indígenas se registró en los Chenes (Lapointe, 1983). Según diversas estimaciones, en 1832, la población del puerto de Campeche fue calculada en 20 000 habitantes, aproximadamente Alcalá (2015). Después de la epidemia de cólera, que en 1833 afectó a gran parte de la república mexicana, las distintas estimaciones mencionaron cifras entre 12 000 y 16 000 personas (Alcalá, 2015).

Tabla 1. Población de los partidos del distrito de Campeche, 1846.

                    Fuente: Elaboración propia con base en García (1846, pp. 134-137).

 La población estaba distribuida en una ciudad, tres villas y 39 pueblos. Las unidades productivas como las haciendas, los ranchos privados así como las rancherías, se convirtieron —en algunos casos— en asentamientos más densamente poblados respecto a los pueblos indígenas (Bracamonte, 1993) y concentraban al 33.04% del total de habitantes del distrito (García, 1846).^[12] En total, se reportaron 490 unidades productivas y la mayor parte de ellas se ubicaban en los partidos del Carmen y los Chenes (tabla 2).

 Fuente: Elaboración propia con base en García (1846, pp. 134-137).

 
En cuanto a las actividades económicas, la ganadería era una importante fuente de ingresos para los hacendados; se reportan la cría de caballos, mientras que los asnos, mulas y bueyes eran los necesarios para el trabajo y el transporte de productos (Bracamonte, 1993). El principal producto de exportación de esta zona era el palo de tinte, actividad que se realizaba principalmente en los ranchos forestales de los partidos del Carmen y Seybaplaya (Lapointe, 1983). En relación con la agricultura, el maíz se cultivaba para el comercio y el abastecimiento del mercado interno, mientras que el principal granero se encontraba en la zona de los Chenes. El arroz, debido a su procesamiento, no podía competir con el que se producía en los Estados Unidos (Bracamonte, 1993).

Respecto a la caña de azúcar, a partir de la independencia de México, pese al cierre del comercio con Cuba, las unidades productivas del partido de los Chenes fomentaron su producción (Bracamonte, 1993). Esto se debió al descubrimiento de fuentes de aprovisionamiento de agua, lo que generó un incremento de asentamientos en esta zona durante las primeras décadas del siglo XIX (Lapointe, 1983). Por consecuencia, durante la década de 1840, este producto fue uno de los objetivos de los comerciantes campechanos para su exportación, pero la secesión con la república mexicana dificultaba este proceso (Lapointe, 1983).

El puerto de Campeche se encontraba en el partido del mismo nombre. Contaba con un recinto amurallado que, junto con los barrios de Guadalupe, San Román y Santa Ana, formaron parte de la parroquia del Sagrario, mientras que la de San Francisco abarcaba el suburbio del mismo nombre y el de Santa Lucía (Alcalá, 2015). En el muelle se encontraba la pescadería y se efectuaban las actividades mercantiles; sin embargo, no podían atracar grandes embarcaciones, estas permanecían a cierta distancia del puerto o anclaban en un sitio conocido como el Pozo (Regil, 1853). Entre los principales edificios destacaban, además de las iglesias, el hospital San Juan de Dios, el colegio de San Miguel de Estrada, un teatro y la Casa de Beneficencia. Mientras que en el barrio de San Román se ubicaba el Hospital San Lázaro (Alcalá, 2015).

Las principales actividades económicas del puerto eran el intercambio de productos tanto del interior como del exterior de Yucatán, principalmente con los puertos del Golfo de México, la recolecta de sal y la industria naval. Entre 1821 y 1827, la política arancelaria de la república mexicana le concedió privilegios a este sitio; sin embargo, en 1837, estos se perdieron y junto con otros factores, tales como la epidemia de cólera de 1833 y la guerra de castas, dieron como consecuencia la decadencia de la ciudad (Sierra, 1991). Hacia el interior del partido de Campeche, los habitantes de los pueblos se dedicaban a la pesca, a la agricultura de subsistencia y al trabajo temporal en las salinas. Los indígenas se encontraban acasillados por deudas en las unidades productivas (Lapointe, 1983). En términos generales, la economía de la zona, tal como en el resto de la entidad y el territorio mexicano, era de carácter agrícola. La importancia del partido de los Chenes radicaba en el incremento de sus unidades productivas, que se dedicaron al cultivo de caña de azúcar y maíz, por lo que eran el principal distribuidor de grano hacia la ciudad de Campeche. Posición estratégica ante un eventual movimiento armado.

El puerto de Campeche durante la guerra de castas: 1846-1848

Desde la década de 1830, la pugna nacional entre las facciones federalistas y centralistas también se reflejó en territorio peninsular. A partir de 1835, el centralismo dominó en Yucatán, hasta que el 24 de mayo de 1839, Santiago Imán (Taracena, 2013)   se levantó en armas, pero ante las derrotas iniciales buscó el apoyo de los indígenas, ofreciendo la devolución de sus tierras y la supresión de las obvenciones a la iglesia. En febrero de 1840, sus tropas tomaron Mérida, desconocieron el sistema centralista mexicano y el 6 de junio ocuparon el puerto de Campeche (Campos, 2002).

En 1841 el gobierno estatal proclamó una constitución y las autoridades nacionales prohibieron el intercambio comercial con los puertos peninsulares. En 1842 fracasaron las negociaciones para la reincorporación al territorio nacional y la entidad fue invadida; pero ante los reveses de sus incursiones, las tropas mexicanas se retiraron y el 14 de diciembre de 1843, la península aceptó reincorporarse a México con la condición de mantener el libre comercio (Campos, 2002). Un año después, este acuerdo fue anulado y por lo tanto, se presentó otra escisión.  Por otra parte, el 13 de mayo de 1846, Estados Unidos le declaró la guerra a México y ante la necesidad de efectivos militares, se reconoció el sistema federal y la anexión de Yucatán. (Campos, 2002).

El 8 de diciembre, Domingo Barret, jefe político del distrito de Campeche, se pronunció contra las autoridades estatales para que se restableciese en la Constitución local de 1841 los acuerdos de 1843, que permitían la exportación de productos locales hacia puertos mexicanos y que las tropas yucatecas no salieran de la península. Este levantamiento contó con el apoyo de los indígenas, a quienes se les prometió la eliminación de impuestos. Después de un mes de lucha armada, los funcionarios estatales dimitieron, Barret asumió la gubernatura, proclamó la neutralidad en la guerra contra los Estados Unidos y retrasó la unión con México (Campos, 2002).  Sin embargo, los mayas no depusieron las armas y se dedicaron a saquear pueblos ante la ineficacia del ejército para someterlos.

Karl Bartholomeus Heller, naturalista de origen alemán, estuvo en el puerto de Campeche durante este periodo y de acuerdo con sus testimonios,[13] las noticias sobre un levantamiento de los indígenas era una constante y durante el primer semestre de 1847:

[…] llegó una noticia desoladora del interior, a saber, que más de mil indios se habían alzado contra la población blanca y amenazaban con aniquilar todos los lugares […] Esta guerra de castas apenas comenzaba y ya podía verse que los indios estaban decididos a ser aniquilados antes que vencidos. Su ejército alcanzó pronto los 8000 hombres y cometía las mayores atrocidades […] Había llegado la hora de que las dos ciudades rivales hicieran la paz, si no querían ser víctimas de los indios insurrectos, quienes ya se habían adueñado de varios sitios y habían asesinado a todos los blancos (1987, p. 210).

 Ante las cargas fiscales, el despojo de tierras, la concentración en unidades productivas como peones acasillados y las promesas incumplidas por parte de los servidores públicos, los principales caciques mayas se organizaron. Esta conjura fue descubierta y el 26 de julio de 1847, Manuel Antonio Ay, uno de los líderes fue ejecutado. Cuatro días después, los indios mayas iniciaron actividades bélicas (Cline 1950; Reed 1985 y Rugeley 1996). El gobierno actuó rápidamente, aprehendió y sacrificó a diversos líderes del movimiento, pero las poblaciones del sur y el oriente de la entidad cayeron en poder de los rebeldes (Reed, 1985).

Durante el segundo semestre de 1847, Santiago Méndez envió a la guardia nacional. De acuerdo con Heller, en el puerto se formó un batallón en el que se incluyó a los civiles y extranjeros para mantener la seguridad del poblado: “Nadie quedó exento y hasta yo tuve que acomedirme, de acuerdo con el orden fijado, a patrullar durante la noche, lo cual no nos pesaba demasiado ya que lo hacíamos en compañía de buenas amistades” (1987, p. 247).

            A pesar de estas vicisitudes, durante el año de 1847, las festividades como el carnaval, la procesión del viernes santo y la feria de San Román, no se suspendieron e incluso, en el mes de octubre, una embarcación norteamericana, al mando del comodoro Matthew Perry, arribó al puerto. Durante su estancia, que fue de cinco horas aproximadamente, visitó a algunos personajes importantes de la ciudad, entre ellos, a los hermanos Camacho (Sellen 2010), sacerdotes que tenían un museo con una colección de objetos mayas (El Comodoro Perry, 1847). 

En 1848, y ante la falta de recursos económicos para sostener la guerra, Santiago Méndez, gobernador del estado, fracasó en sus intentos de obtener ayuda por parte de España, Inglaterra y Estados Unidos. Al mismo tiempo, se establecieron negociaciones con los rebeldes para finalizar el conflicto; el 19 de abril se firmaron los Convenios de Tzucacab y Miguel Barbachano fue nombrado gobernador, pero los sectores radicales del movimiento no reconocieron estos acuerdos.

En un principio se mencionaba que las malas noticias eran exageraciones, pero las corrientes migratorias de los habitantes de los partidos de la Sierra y los Chenes (Ramos, 1848a)[14] hacia el puerto de Campeche confirmaban la verdadera naturaleza del enfrentamiento armado (Sobre nuestras cosas, 1848; Departamento de Campeche, 1849). En abril de 1848, la situación era delicada. Ante el avance de los sublevados en Hopelchén, los habitantes del pueblo de Hampolol se trasladaron al puerto (Montejo, 1848). Los cuerpos militares prepararon su defensa y en mayo se convocó a una junta de vecinos para recaudar fondos que permitieran solventar diversos gastos relacionados con el conflicto (Ramos 1848a).

Mientras tanto, los rebeldes tomaron los pueblos de Hecelchakán y Tenabo (Ramos, 1848b), por lo que, los indígenas residentes en pueblos y unidades productivas que no habían sido atacadas requerían un pasaporte proporcionado por el juez de paz, el alcalde o, en su caso, del mayordomo o el amo de la unidad productiva en la que residieran (Ramos, 1848c). El cónsul francés mencionaba la gravedad de los acontecimientos y afirmaba que el puerto caería en manos de los indígenas. Santiago Méndez solicitó armas a los almirantes de las embarcaciones norteamericanas, que habían decomisado al ejército mexicano en Veracruz, para los soldados que defenderían la ciudad (Reed, 1985).

Las unidades productivas del partido de Hecelchakán y las cercanas a la ciudad eran atacadas. Ante la inseguridad, las autoridades locales solicitaron al gobierno del estado, más efectivos militares para que se trasladasen a poblados cercanos y detener así el avance de los sublevados (Martínez, 1848b). Ante el fracaso de las gestiones de Santiago Méndez con potencias extranjeras, se envió una comisión a la ciudad de México para solicitar apoyo económico, de armas y municiones. Para este entonces, las autoridades mexicanas habían firmado los Tratados de Guadalupe Hidalgo finalizando así, la guerra con los Estados Unidos. Por lo que, el 17 de agosto, la península se reintegró al resto del país (Reed, 1985).

Las fuerzas indígenas que se acercaron a las ciudades de Mérida y Campeche se replegaron, situación que permitió la reorganización del ejército y con el apoyo recibido del gobierno mexicano recuperó algunas zonas ocupadas por los rebeldes. Los dirigentes mayas estaban divididos y fueron asesinados. Ante el avance de las tropas yucatecas, en 1851 los rebeldes se trasladaron hacia el oriente y el sur del territorio, donde resistieron hasta 1901 (Reed, 1985). Sin embargo, las unidades productivas del territorio campechano continuaban expuestas a las incursiones indígenas (Ramos, 1849a), y algunos pueblos, como Bolonchenticul, fueron asaltados nuevamente (Ibarra, 1850a).

Entre 1847 y 1849, los precios de los productos y artículos comerciales se incrementaron en el puerto campechano, a pesar de las disposiciones de las autoridades, quienes prohibieron a los pobladores que vendieran sus pertenencias. El temor hacia los insurrectos propició que la gente con posibilidades económicas se dirigiese hacia las embarcaciones norteamericanas o al puerto del Carmen (Reed, 1985). En cuanto a los refugiados, las fuentes señalan que fueron aproximadamente 10 000 personas[15] las que arribaron por tierra y mar, “que estaban hacinadas en las costas de barlovento, en próximo e inminente peligro de ser sacrificadas por la sedienta sanguinaria cuchilla de los bárbaros” (Martínez, 1849c, p. XXIII). A esto, se le sumaba otra amenaza, la carestía de víveres, principalmente el maíz, debido a la destrucción de las unidades productivas en la zona de conflicto. En este escenario de vulnerabilidad, las autoridades locales realizaron una serie de acciones para mitigar los efectos de esta calamidad, tal como analizaré en el siguiente apartado.

Carestía de granos: 1848-1850

El 16 de marzo de 1848 el Ayuntamiento de Campeche propuso una comisión para el abastecimiento de granos y otros artículos de primera necesidad “para favorecer a los desgraciados huéspedes” (Álvarez, 1912, p. 414). Se improvisaron juntas de caridad para proporcionarles alimentos, ropa y alojamiento en las “casas del vecindario, intra y extramuros” (Martínez, 1849b, p. 6). Ante esta situación, Pedro Ramos, jefe superior político de Campeche, mencionó que los víveres no serían suficientes para atender la demanda de la población, por lo que había que limitar el ingreso de refugiados. Por ello, se determinó que otros sitios, como la Laguna y el territorio de Tabasco los recibieran (Ramos, 1848a).

Tres sectores de la población eran los más vulnerables: En primer lugar, los emigrados, quienes huían de la zona de conflicto y requerían tanto alojamiento como manutención, principalmente, los pobres (Castelo, 1848a).  En segundo lugar, las familias de los efectivos militares, quienes estaban bajo la responsabilidad de la cuarta división de operaciones (Lanz, 1848) y, en tercer lugar, las personas con escasos recursos que residían en el puerto (Ibarra, 1850a). Términos como pobres, desvalidos, menesterosos e indigentes, tal como señala Jorge Castillo, formaban parte del discurso asistencial de las autoridades (2002).

Había que demostrar esa condición ante las autoridades por medio de los comisarios de cada cuartel,[16] quienes elaboraban una lista con las cabezas de cada familia y el número de personas que las componían:

 Sin modo de subsistencia u ocupación alguna, que sean real y verdaderamente pobres y carezcan absolutamente de socorro; para evitar que con posible trance, participen con grave perjuicio de los necesitados, los que no deben tener parte en los auxilios, que la caridad pública pueda proporcionarles (Castelo, 1848a, foja 1).

En este documento estaban incluidos, tanto los emigrados como los residentes del puerto. Para la crisis alimentaria que en 1833 se presentó en la ciudad de Mérida, la persona debía acreditar su condición de pobreza a través de un certificado otorgado por el cacique del barrio o el cabildo (Castillo, 2002). El Ayuntamiento fue la institución responsable de mitigar los efectos de la escasez de víveres. Las Juntas de Socorros, en las que participaban las personas notables, realizaban acciones de caridad y, gracias a su solvencia económica, podían conseguir los productos de consumo para la población vulnerable. Era un contexto de incipiente secularización mediante el cual, el poder civil desplazaba a la Iglesia respecto a la asistencia de los desvalidos, en un marco de asistencia social, que solamente se presentaba en situaciones de crisis (Castillo, 2002).

El maíz se obtuvo a través de las siguientes instancias: En primer lugar, por una donación proveniente de la Junta de Socorros de Nueva Orleáns, quienes solicitaron que el buque conductor de los granos estuviese libre de impuestos debido a que no estaban realizando operaciones comerciales y “solo con el fin de hacer caridad” (Castelo, 1848a, foja 1), lo cual fue aprobado por el gobierno del estado. Debido a la situación de conflicto en el oriente de la península de Yucatán, se acordó que las dos terceras partes del producto fuesen destinadas a Mérida, donde también, había una carestía de alimentos (Castelo, 1848a). Sin embargo, no se entregaron todas las cargas porque la persona responsable de recibirlas no se hallaba presente (Castelo, 1848b). En este caso, es posible que haya caído en manos de especuladores, quienes incrementaban el precio del producto.

 En segundo lugar, el gobierno estatal dispuso que los indígenas sembraran en sus milpas y en las haciendas que no hubiesen sido atacadas por los rebeldes, “para que no se experimente la calamidad de la falta de ellos, sobre las que abruma el país” (Martínez, 1848a). En tercer lugar, a través de la importación porque “durante la guerra, los depósitos han sido incendiados y el maíz estaba en mano de los sublevados” (Martínez, 1848a, p. 1). Para incentivar a los comerciantes, se les comunicó que si abastecían al ejército de “víveres necesarios” (Martínez, 1848d, foja 1), tendrían la exclusividad de la introducción y venta de harinas en la entidad “con los mismos derechos que causen aquellas de las cantidades que inviertan en la provisión de dichos productos” (Martínez, 1848c, foja 1). En efecto, por determinadas cargas de grano importado, no pagaban impuestos por la misma cantidad de harina que introdujeran al estado (Castillo, 2002). Esto formó parte de un acuerdo entre los comerciantes de Campeche y Mérida con el gobierno del estado y fue anulado por la federación en 1849 (Contrata de víveres, 1849).

En cuarto lugar, mediante los particulares, quienes se trasladaban a la ciudad de Campeche para repartir cargas de maíz a sus familiares (Peraza, 1848). En quinto lugar, desde las unidades productivas del partido de los Chenes que no habían sido atacadas por los rebeldes (Ramos, 1848d). En sexto lugar, del maíz que le arrebataron a los indígenas en conflicto y que el jefe político, Pedro Ramos, facilitó cargaduras para su traslado (Martínez, 1849a). Por último, en cuanto al abasto de carne, había una competencia por la exclusividad, misma que recayó en el tercer alcalde, Manuel de Lavalle (Álvarez, 1912), a pesar del descontento que manifestaron algunos hacendados (Castelo, 1848c).

Sin embargo, se presentaron dificultades en la distribución de los granos. Primero, las personas que desearan entregar maíz a sus familiares debían obtener unos pasaportes a través de la secretaría de gobierno. Aun así, en Hecelchakán, el responsable del cantón militar impidió el paso de los viajeros argumentando que la comandancia era también la responsable de expedir esos documentos a los civiles, lo que se resolvió por orden del gobierno estatal (Peraza, 1848). Segundo, el embargo de bestias, por parte de los militares, para conducir víveres a los cantones del partido de los Chenes y, por lo tanto, los particulares se negaban a enviar a las suyas, a menos de que se les eximiera de impuestos (Ramos, 1849b).

Los funcionarios campechanos responsabilizaron de esta medida al gobierno del estado, cuyas autoridades negaron la situación. Al respecto, afirmaron que los militares no habían recibido el apoyo suficiente porque no recibían a los animales de carga, o se entregaban con retraso. En relación con la exención de impuestos, la respuesta fue contundente: “hoy no se les puede abrir porque las circunstancias de nuestro erario son tales que no solo a este gasto sino a otros no menos urgentes no es posible acudir como usted sabe muy bien” (Martínez, 1849b).  A pesar de los impuestos que se establecieron por el conflicto armado, la entidad no tenía recursos económicos: “impuestos, préstamos, socorros, todo es imposible” (Castelo, 1848b).

Se requirió del apoyo de la Iglesia a través de sus objetos y alhajas. Una parte de su valor sirvieron para la provisión de granos tanto para civiles como para los soldados encargados de la defensa del puerto: “seguro asilo contra la persecución y la muerte, y desde sus muros, donde se estrellarán las acechanzas del bárbaro” (Castelo, 1848b, foja 1). El gobierno se comprometió a reponerlas, si el ejército no era derrotado por los rebeldes. La joyería recolectada fue remitida a Nuevo Orleáns y La Habana; con el dinero que se obtuvo, junto con otros rubros de las rentas de la federación y de las aduanas, fueron “socorridas las familias de todos con raciones de maíz y carne para que no perezcan de necesidad” (Martínez, 1849c, pp. 19-20).

Otro aspecto que considerar para la distribución del maíz era el precio. En otros episodios, el incremento de este generaba una carestía generalizada, situación aprovechada por los especuladores e intermediarios.[17] En junio de 1848, la escasez del producto era un asunto prioritario para las autoridades del Ayuntamiento. Con la corriente migratoria se esperaba que el número de habitantes se incrementara y las cargas de maíz provenientes de los partidos de Seybaplaya y Hecelchakán no fuesen suficientes. El objetivo consistía en obtener granos para el segundo semestre del año: “que aún será de incertidumbre y agonía; pues para el entrante, tendremos vital energía, o habremos muerto” (Castelo, 1848b, fojas 1-2). Es decir, la capacidad de resiliencia estaba en duda.

Conservar el precio de este producto se encontraba a término para los comerciantes de los partidos que surtían al puerto y que, en tiempos ordinarios, la ley de los mercados permitía la libertad de especulación, pero ante este contexto de guerra, no era posible que se llevara a cabo: “Es la situación presente excepcional, puesto que con la provisión y no muy lejos tal vez de la apremiadora necesidad, del hambre, quizá conserve nuestro precioso grano el nivel de sus ordinarios precios” (Castelo, 1848b, foja 2). Algunos comerciantes ofrecieron una tregua e incluso, se ofrecieron a importar el grano con el privilegio proporcional de la harina, lo cual señalé en páginas anteriores.

A pesar de estos esfuerzos, en agosto de 1849, el precio del maíz se liberó y fue excesivo para las personas sin poder adquisitivo; el estado de miseria era general. Se acordaron medidas para la importación y la distribución del grano desde las unidades productivas que no habían sido atacadas (Ramos, 1849a).  El escenario se repitió un año después y si bien, el conflicto había disminuido en su intensidad, existía la amenaza de que el cólera morbus, que afectaba al centro de la república mexicana, se presentase de nuevo (Contreras 2014 y Peniche 2016). Ante la falta de dinero por parte del erario público se dispusieron los fondos de la Junta de Socorros, que se formó en 1848, los cuales tendría que reponer el Ayuntamiento (Ibarra, 1850a).

La enfermedad no afectó al puerto, y al disminuir la intensidad del enfrentamiento, así como de la crisis agrícola, las autoridades del distrito plantearon la recuperación de la agricultura a través de proyectos de colonización, eje de las políticas del futuro estado de Campeche.[18] La vida cotidiana de la ciudad se restableció, los emigrados retornaron a sus lugares de origen y parte de la población residente se desplazó hacia otros puntos de la península y del Golfo de México,[19] situación que produjo una caída de las actividades económicas, lo que impidió el desarrollo tanto del puerto, como de la entidad durante la segunda mitad del siglo XIX  (Alcalá, 2018).

Conclusiones

Las crisis agrícolas pueden desembocar en crisis de subsistencia y en hambrunas. Desde el periodo colonial estos eventos fueron conocidos como calamidades y forman parte del constructo desastre como categoría de análisis. Generalmente estas coyunturas son ocasionadas por fenómenos naturales o enfermedades epidémicas, pero también pueden producirse por acción del hombre. En este caso, la guerra de castas fue el acontecimiento que desencadenó estos sucesos debido al incendio de las unidades productivas, cuyo principal producto era el maíz y que en el territorio campechano concentraba al 30% de su población total. De este modo, el impacto de un conflicto bélico tendría como uno de sus primeros efectos, la carestía de granos.

Los desastres, como detonante de una realidad muestra que, durante las primeras décadas del siglo XIX, la zona de los Chenes tuvo un importante crecimiento económico gracias al cultivo de la caña de azúcar y a su papel como el principal granero de la región que abastecía al puerto campechano. La ciudad trataba de reponerse a los efectos de las políticas arancelarias en la industria naval. La inestabilidad política era una constante y a los indígenas se les prometía una reducción de la carga fiscal a la que eran sometidos. Estas no se cumplieron y, junto con otras causas, durante el segundo semestre de 1847, inició un conflicto armado conocido como la guerra de castas.

El avance de los indígenas sublevados, el incendio de las unidades productivas del partido de los Chenes y de algunas cercanas al puerto, generaron un estado de vulnerabilidad en tres aspectos: las corrientes migratorias que buscaron la protección del recinto amurallado y sus alrededores, la amenaza de la destrucción de la ciudad y la carestía de granos. Por lo tanto, las autoridades fueron las responsables de mostrar la capacidad de resiliencia de los habitantes del puerto.

La mitigación de los efectos de la guerra y sus consecuencias se convirtieron en un asunto prioritario. En estas acciones, las disposiciones relacionadas con la asistencia social y la participación de los particulares se convirtieron en un asunto del ramo civil, en un incipiente proceso de secularización, que solamente funcionaba en ocasiones extraordinarias. El sector de la población más vulnerable eran los pobres, tanto emigrados como los residentes, pues tenían que demostrar su condición y, así, prevenir la apropiación indebida de víveres y la especulación de los precios. Ante estas medidas de mitigación burocrática se establecieron mecanismos para la distribución de granos. En primer lugar, por donaciones extranjeras; en segundo lugar, a través de la siembra del maíz en las milpas de las unidades productivas que no fueron atacadas; en tercer lugar, a través de la importación del producto y, por último, por medio de familiares de otros sitios que transportaran las cargas hacia Campeche.

Sin embargo, la distribución de los granos tuvo dificultades porque los militares no permitían el libre tránsito por los caminos y se apoderaban de gran parte de las cargas para el sostenimiento de las tropas. Además, la especulación formaba parte de estos eventos y, aunque al principio se mantuvo la estabilidad del precio, posteriormente, el incremento fue significativo, tal como señalan las fuentes de la época. También, la amenaza de una epidemia de cólera, que afectaba al territorio mexicano, generó alertas por parte de las autoridades locales. Finalmente, a partir de la reincorporación de Yucatán a la nación mexicana, los rebeldes se replegaron hacia el oriente de la península y buena parte del territorio afectado recobraba la cotidianidad. Pero en el puerto, la emigración incluyó tanto a los refugiados como a residentes, quienes buscaron mejores condiciones de vida en otro sitio. La guerra de castas agravó la situación que vivía la ciudad respecto a sus actividades económicas, desembocando así, un periodo de estancamiento económico.              

En resumen, esta investigación partió de un conflicto bélico para el análisis de unos de sus efectos inmediatos: la carestía de alimentos, en este caso, el maíz, principal producto de consumo de la población indígena y la manera en que las autoridades municipales abordaron el problema. A pesar de que la beneficencia formaba parte del discurso oficial, la federación asumiría la responsabilidad de estas instituciones durante la segunda mitad del siglo XIX. Al mismo tiempo, estos temas nos llevan a la revisión de las dificultades que existían para la distribución de los víveres en tiempos de confrontación, así como la situación del mercado respecto a los precios y el estímulo a los comerciantes para colaborar con las autoridades.

Además de la utilidad de este tipo de estudios por medio de categorías de análisis como desastres, calamidades y vulnerabilidad, es necesario destacar que estos eventos ponen de manifiesto las condiciones de una sociedad y sus transformaciones, así como el funcionamiento de las instituciones que las rigen. Asimismo, estos episodios forman parte de la historia social, la cual estudia todos los componentes políticos, económicos, culturales, institucionales y desde luego, a los actores que la conforman. Es por ello, lo interesante de la reducción de la escala de observación, al indagar sobre los efectos de un conflicto armado en una ciudad.

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Carlos Alcalá Ferraez

Mexicano. Doctor en historia por la Universidad de Barcelona, con especialidad en Historia de América Latina. Es maestro por la Universidad de Barcelona y licenciado en historia por la Universidad Autónoma de Campeche. Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus áreas de investigación son: La historia de la salud pública, las enfermedades epidémicas, las coyunturas de crisis demográficas y estudios de población durante el siglo XIX. Entre sus publicaciones destaca: Cambios demográficos en el estado de Campeche (México). Conflictos, desarrollo y economía, 1846-1910. Historelo, Revista de Historia Regional y Local, vol. 10, núm. 20, julio-diciembre de 2018 y “El Camino Real y la industria salinera en la Ría Celestún. Antecedentes Históricos” en Pinkus, Manuel (editor), Retos, oportunidades y fracasos del ecoturismo. Reserva de la Biósfera Ría Celestún, México. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Yucatán, 2017 ISBN: 978-607-02-9850-9 (UNAM), 978-607-8527-21-2 (UADY).